La propuesta de condonación de 3.600 millones para Castilla y León encierra una trampa en virtud de la cual cada ciudadano de la región tendrá que asumir un pago de 523 euros más de los que tendría que pagar en caso de no aceptar la condonación. En lo que se refiere a Segovia esto ascendería a un aumento del endeudamiento del conjunto de los habitantes de la provincia por un total aproximado de 83 millones de euros.
Esta condonación de la deuda a todas las Comunidades Autónomas, aprobada el pasado 2 de septiembre por el Gobierno, no supone un mero apunte contable de 83.252 millones de euros, ni una simple reasignación de pasivos que pasan de las regiones al Gobierno central, sino que esta condonación con una media del 26,72% para las Comunidades de régimen común, implica un mal precedente al propiciar un mayor endeudamiento y la bajada de la calidad crediticia de riesgo país de España, junto con un mayor coste financiero para el Estado.
La condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas esconde una operación de marcado sesgo político que desincentiva la responsabilidad fiscal de los entes regionales y que implica un simple traspaso de la deuda al Estado, de manera que será el contribuyente español el responsable final del pago de la deuda indicada.

La Comunidad especialmente beneficiada es Cataluña con una condonación de 17.104 millones de euros (la Comunidad de Madrid solamente 8.644 millones de euros), frente a Castilla y León donde la medida representa una condonación de 3.643 millones de euros, por lo que el reparto infringe el principio de equidad que premia aquellas Comunidades que han gestionado mal y castiga a aquellas que actuaron diligentemente. La condonación es parte del pacto de investidura con Esquerra Republicana y su generalización solamente busca dotar de una apariencia de imparcialidad a aquel pacto.
La medida parte de comparar el incremento del endeudamiento del cuatrienio 2010-2013 con el cuatrienio 2020-2023, lo que determina la señalada cifra de 80.310 millones de euros, resultando que Cataluña es una de las que obtiene mayor ventaja por habitante, mientras que no se tiene en cuenta la situación de las Comunidades infrafinanciadas: Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo que se otorga un trato de favor a las Comunidades que han elevado el IRPF entre 2010 y 2022 con una condonación adicional del 10% si lo hicieron por encima de la media y de un 5% en caso contrario, lo que representará 1.000 millones de euros adicionales condonados.
La metodología para establecer el importe de la condonación se ha calculado en tres fases. La primera compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, un período que abarca desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013, con el pasivo surgido por la pandemia del Coronavirus y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, que va desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. Este cálculo arroja una cifra de 90.310 millones de euros, pues bien, de esa cantidad se reparte el 75% de su importe, es decir 60.232 euros, en función de la población ajustada, lo que beneficia a las Comunidades más pobladas. La segunda fase, intenta compensar a aquellas Comunidades que quedan por debajo de la media del 19% de la primera fase, con una condonación de 6.371 millones para Cataluña, mientras que Castilla y León no se beneficia de la condonación en esta fase. La Fase 3, introduce dos ajustes adicionales, en primer lugar, se identifica la Comunidad que tras las dos primeras fases registra una mayor condonación por habitante ajustado (C. Valenciana con 2.284 euros), y a continuación se eleva hasta alcanzar esa cifra a las Comunidades que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022. Es decir, se mejora a las Comunidades que han sido peor financiadas, con una condonación de 10.590 millones de euros. Sin embargo, Castilla y León no se beneficia de este tercer ajuste tampoco.
El resultado es que los habitantes de la Comunidad de Cataluña se benefician de una condonación de 2.105 euros por persona, frente a los 1.517 euros de un habitante de Castilla y León, es decir, una diferencia negativa de cera de un 30% menos. Lo que representa 588 euros por cada castellano- leonés que se le condona de menos respecto de Cataluña , una cifra que representa 1.412 millones de euros. La condonación de la deuda de Cataluña de 17.104 millones de euros, supone por tanto que cada habitante de Castilla y León y de Segovia ha de asumir el pago de 372 euros.
Una situación que se agravará cuando se determine la financiación singular de Cataluña, con motivo de los pactos de investidura del Gobierno (PSOE-ERC y PSOE-Junts) y de los pactos investidura del Presidente de la Generalitat (PSOE- ERC), lo que puede determinar que esa Comunidad recaude el 100% de los tributos (PSOE-Junts) y la asunción del 20% de la deuda catalana (PSOE-ERC) valorada en 17.104 millones de euros y un ahorro de otros 1.550 millones en ahorro de intereses. Por otra parte, el pacto del PSC-ERC supone la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y que las inversiones públicas del Estado en esta Comunidad se ajusten al Pib catalán en relación con el Pib nominal de España, cifrado en un 19%. Este último pacto reafirma el principio de ordinalidad, es decir, que una Comunidad no puede recibir menos de lo que reciba aquella Comunidad que se encuentre inmediatamente después en la escala de Comunidades en función de su contribución, lo que Fedea ha cuantificado en un coste de entre 4.800-6.100 millones de euros para el resto de Comunidades. La condonación supone un perjuicio para aquellas Comunidades que menos se han endeudado y mejor han gestionado sus haciendas, es verdad también que la ratio de deuda soberana no varía (puesto que la deuda condonada está incluida en el stock de deuda pública de las Administraciones Públicas), pero convierte al Estado en garante de la deuda autonómica e incentiva la emisión de la propia deuda autonómica, lo que afecta a la credibilidad fiscal de España.
