La inminente implantación de la factura electrónica en todas las transacciones entre empresas y autónomos ha disparado la preocupación en el comercio segoviano. Lo que para el Gobierno constituye un paso decisivo hacia la digitalización, la modernización y la lucha contra la morosidad, para muchos pequeños comerciantes supone costes añadidos, brecha digital, problemas de conectividad en el medio rural y miedo a sanciones por incumplimiento.
“Nosotros no entramos en la parte política de si los reglamentos se van a demorar o no. Hablamos siempre de la parte técnica, y ahí es donde están nuestras preocupaciones: en los plazos, en los costes y en la capacidad real de adaptarnos”, resume Alberto García, presidente de la Federación de Comerciantes de Segovia (FECOSE).
La factura electrónica está enmarcada en la Ley Crea y Crece (18/2022), aprobada en septiembre de 2022, que introdujo la obligatoriedad progresiva de esta modalidad en todas las relaciones comerciales. Sin embargo, como recuerda García, la norma aún no está plenamente articulada.

Aunque las facturas a particulares no requerirán de digitalización, las emitidas a empresas o instituciones sí lo precisarán, obligando a incorporar sistemas y programas nuevos

El reglamento técnico, conocido como Verifactu, establecerá los requisitos de integridad, trazabilidad, firma digital y envío automático de la información a la Agencia Tributaria. En otras palabras, un sistema pensado para garantizar transparencia y control fiscal, pero que obliga a las empresas a dotarse de programas homologados y actualizados.
Según las estimaciones de FECOSE, el horizonte realista sitúa a todos los autónomos y pymes trabajando ya con factura electrónica en 2027. “De aquí a dos años tenemos que estar listos, y no es demasiado tiempo”, advierte García.

Los costes

El presidente de FECOSE señala que el principal problema será el coste de implantación. Muchos autónomos trabajan todavía con sistemas muy básicos: hojas de Excel, programas sencillos o incluso facturas manuales.
“Esa gente tendrá que invertir en programas homologados o trabajar a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y quienes ya tienen software de gestión, deberán actualizarlos. Eso cuesta dinero, y las empresas proveedoras no te lo dan gratis”, recalca.
Los cálculos que circulan en el sector sitúan la inversión en programas de facturación electrónica homologados entre 200 y 600 euros al año, dependiendo del volumen de facturas y del nivel de servicio contratado. Para los negocios con márgenes muy ajustados, supone un gasto añadido que puede obligar a repercutirlo en los precios finales.

La conectividad

A las cuestiones económicas se suman los problemas de infraestructura tecnológica. García alerta de que en muchas zonas rurales de Segovia la conectividad es deficiente, lo que complicará el cumplimiento de la obligación de facturación en tiempo real. “En Segovia capital no creo que tengamos problema, pero en zonas rurales las conexiones son complejas. Si hay mala conexión, el envío de la factura se puede parar, y eso genera problemas. Y no hay que olvidar que en la provincia hay muchas zonas que no tienen ni cobertura”. La realidad es que difícilmente puede imponerse la digitalización sin garantizar primero las condiciones básicas como son la cobertura, fibra óptica y equipamiento informático suficiente.

La brecha digital

El factor humano también preocupa. El tejido comercial de la provincia está envejecido y carece de relevo generacional en muchos casos.
“Hay gente de sesenta, sesenta y dos o sesenta y tres años que ya piensa en no implantar nada para no tener más gastos, porque les queda poca vida laboral. Otros no saben gestionar certificados digitales ni manejar programas de envío a la Agencia Tributaria. Esa brecha digital es real, y puede hacer que negocios cierren antes de tiempo”, explica García. La complejidad de la normativa tampoco ayuda. Los cambios en los plazos y la terminología técnica generan incertidumbre en un sector que no dispone de departamentos especializados.
Los riesgos no se limitan a caídas de sistemas. Existen dudas sobre cómo se aplicarán las sanciones en caso de incumplimientos involuntarios, como retrasos por problemas de conexión o errores en la configuración de los programas.

Alberto García (FECOSE): “Los principales problemas son los costes, la formación, algo tan importante como la conectividad, y la normativa, que es muy compleja”

FECOSE ha organizado ya varias jornadas informativas junto con la Federación Empresarial Segoviana (FES), y prevé realizar más en los próximos meses. El objetivo es insistir en que la obligación es real y que conviene prepararse con tiempo.
El presidente de los comerciantes también señala la oportunidad perdida del Kit Digital, un programa de ayudas para la digitalización de pymes: “Llegó tarde. Muchos lo pidieron hace cinco años, cuando se lanzó, y perdieron turno. Otros ni siquiera lo han solicitado por desconocimiento. Y eso es un problema de comunicación y gestión”.
En su diagnóstico, García no oculta la preocupación: “No es tan fácil como lo ve un técnico en un ministerio. La realidad es que cuando se implante nos vamos a encontrar con personas que no van a continuar con los negocios. Hay autónomos como fontaneros o electricistas que emiten pocas facturas, pero que tendrán que asumir una carga administrativa extra que acabará repercutiendo en ellos o en sus gestores”.

Menos morosidad

Pese a los obstáculos, García reconoce que la factura electrónica también aportará beneficios. El principal, la reducción de la morosidad y un mayor control de cobros.
“Vas a trabajar directamente con la administración, ya no hay papel, y eso facilita el control. Seguro que habrá líneas de subvenciones y deducciones por digitalización, y se seguirá invirtiendo en llevar fibra donde ahora no la hay. Esa parte positiva también está ahí”.
La clave para que la implantación no se traduzca en cierres de negocios estará en el tiempo y en el acompañamiento institucional. FECOSE insiste en que hacen falta más campañas de información, apoyo técnico y ayudas económicas para los pequeños negocios.
“Hay que seguir metiendo la idea en la cabeza de que esto llega. El problema es que los plazos son cortos y la incertidumbre alta. No se trata de resistirse al cambio, sino de que nos den las herramientas para poder hacerlo”.

“Es un paso natural hacia la modernización”

La implantación de la factura electrónica no será exclusiva del comercio, sino que alcanzará a todas las empresas a partir del 1 de enero de 2026. Así lo recuerda María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, quien subraya que se trata de un cambio normativo que, pese a suponer inicialmente “una molestia” y un trabajo adicional, debe entenderse como un paso más en la digitalización y modernización del tejido empresarial.

Tapia explica que la obligación de emitir facturas electrónicas ya existe desde hace años para las empresas que superan los ocho millones de euros de facturación anual, por lo que “no se trata de una novedad absoluta”. A su juicio, el reto está ahora en extender la medida a todos los autónomos y pymes, lo que exigirá un proceso de adaptación. “Como todo, nos costará un poco de trabajo acostumbrarnos a ello, pero es algo que hay que hacer”, resume.
Desde la Cámara de Comercio insisten en que su papel será clave en la transición. “Ahí está la Cámara para que el que lo necesite vaya y le ayuden en esta transición y le digan cuáles son las herramientas más sencillas para poder acostumbrarse a ello”, señala Tapia, quien recuerda que existen además empresas privadas y consultorías que ofrecen servicios de implantación de la factura electrónica “por muy poco dinero”.
En cuanto al coste de implantación, Tapia reconoce que la inversión depende del número de facturas mensuales que emita cada empresa. “Normalmente va por tramos. Hay programas muy asequibles para quienes emiten pocas facturas, y cuando son muchas, suelen ser empresas más grandes que ya tienen programas de contabilidad ligados a los sistemas de facturación electrónica”, explica. Así, las pequeñas empresas o autónomos encontrarán soluciones adaptadas a su volumen de actividad, con opciones que van desde herramientas casi gratuitas hasta servicios más avanzados de unos cientos de euros al año.

La presidenta de la Cámara defiende que la medida contribuirá a reducir la morosidad y a combatir la economía sumergida

La presidenta de la Cámara defiende que, más allá de los costes iniciales, la medida contribuirá a reducir la morosidad y a combatir la economía sumergida, además de acelerar la desaparición del papel en los trámites administrativos. “Viene un poco para digitalizarnos, para evitar la morosidad y desde luego las economías emergidas”, sostiene.
Preguntada por su valoración personal, Tapia considera que la obligación de la factura electrónica forma parte de la evolución natural del sistema financiero. “No sé si necesaria, pero desde luego lógica”, asegura, en referencia a un proceso en el que la desaparición del efectivo y el control sobre las operaciones económicas son los siguientes pasos previsibles.
Sobre el posible impacto en los precios finales, Tapia admite que dependerá de cada negocio. “Si tienes que pagar 150 euros más al mes porque alguien te lo haga, esos 150 euros seguramente tengas que repercutirlos en el precio de tu producto, que igual son unos céntimos dependiendo del número de productos que vendas”, comenta.
En cualquier caso, concluye, se trata de una medida inevitable. “Nos hemos tenido que adaptar a muchas otras normativas que, en mi opinión, podían influenciarnos menos y ser menos necesarias que esta. Creo que hay que hacerlo”, sentencia.