Cataluña afronta hoy una de las Diadas del 11 de Septiembre más cargada de incertidumbre, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo y del juicio al president Quim Torra por desobediencia, sin que el independentismo haya sido capaz de consensuar aún una estrategia conjunta.
De esta forma, hay varias claves para entender el contexto político de la diada de este año en Cataluña.
Una de las incógnitas de esta Diada será la capacidad de convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en su tradicional manifestación del día 11 por la tarde, esta vez con el epicentro en la plaza España de Barcelona, bajo el lema ‘Objetivo independencia’.
Hasta el domingo, la ANC contabilizaba 300.000 inscritos, con 1.000 autocares fletados y 240.000 camisetas vendidas, aún por debajo de los 460.000 registrados en la manifestación de 2018.
Discrepancias
De otro lado, el Supremo tiene previsto dictar sentencia antes del 16 de octubre, es decir, antes de que se cumplan dos años de la prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y haya que prorrogarla.
Todo lo que ocurra a partir de los próximos meses en la política catalana estará directamente condicionado por la sentencia, dada la trascendencia que le dan las fuerzas soberanistas, a las que pertenecen los encausados, que afrontaron el juicio del ‘procés’ entre febrero y junio.
Pese a las conversaciones discretas que mantienen partidos y entidades soberanistas para diseñar una respuesta conjunta a la sentencia, sigue sin haber acuerdo en la concreción, más allá de considerar que es hora de que el independentismo tome la iniciativa, con una reacción institucional y una movilización constante en la calle que apele a todos los sectores contrarios a la ‘represión’.
Tanto Puigdemont como los otros seis dirigentes independentistas que huyeron de España para evitar el juicio del ‘procés’ están muy pendientes del desenlace de la sentencia, ya que el juez instructor, Pablo Llarena, puede decidir, previa petición de Fiscalía, si hay elementos suficientes para reactivar las euroórdenes de detención contra ellos, que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresidente de la Generalitat.
Otro de los focos de atención política y judicial de los próximos días será el juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no haber retirado a tiempo en campaña electoral los lazos amarillos de edificios públicos.
El primer enredo a resolver es la fecha del juicio contra el president, previsto para los días 25 y 26 de septiembre, exactamente los mismos días en que ya está programado el debate de política general en el Parlament. Fecha que se ha negado a mover el TSJC.
Doble incógnita
Ni Cs ni PP tienen previsto participar en los actos oficiales con motivo de la Diada del 11 de Septiembre y denuncian su politización y sesgo independentista. Este año, ningún representante de los socialistas catalanes asistirá al acto institucional, en señal de protesta por el enfoque de la ceremonia, dedicada a reivindicar la “libertad de los presos políticos y exiliados”. Catalunya en Comú Podem sí asistirá.
Pese a que antes de las vacaciones de verano los máximos dirigentes de JxCat se remitían al mes de septiembre como momento clave para la reordenación de su espacio, las discrepancias entre los diferentes sectores y familias que conviven bajo estas siglas han ido retrasando un proceso que aún no tiene calendario.
Y la marcha de las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la eventual investidura de Sánchez es seguida muy de cerca por los socios del Govern.
ERC, vencedora de los comicios del 28 de abril en Cataluña, no quiere de ninguna de las maneras una repetición electoral y ya ha ofrecido su abstención para facilitar la investidura de Sánchez sin contrapartidas; JxCat, por contra, ha adoptado un posicionamiento menos contemporizador y ha avanzado que volverá a votar en contra.
Haya o no elecciones generales, otra de las incógnitas es si el Govern será capaz de aprobar sus propios presupuestos para el año que viene, para lo que confía en atraer a los comunes —el gobierno municipal de Colau no se cierra a una colaboración presupuestaria mutua—, aunque también habrá conversaciones con la CUP y el PSC.
