La deuda pública es una espada de Damocles que funciona de forma idéntica a Santa Bárbara: solo se recuerda cuando truena. Las autoridades han repetido su intención de reducir el endeudamiento durante los últimos años, pero la realidad va en sentido contrario. El saldo deudor en España salta de récord en récord y cada 24 horas aumenta millones de euros. Son cifras difíciles de concretar debido a los calendarios de emisión de deuda, pero despiertan temor por su dimensión ante un eventual cambio de coyuntura.
Los portavoces económicos quitan hierro a la actual cifra deudora de 1,62 billones de euros y ponen el acento en que se ha reducido su peso sobre el PIB hasta un 101,8%. Es un relativo consuelo ante un posible giro en los escenarios macroeconómicos actuales. La guerra arancelaria de Trump amenaza con reavivar la espiral de inflación, como se ha visto con el dato de IPC en enero, un revés que podría acarrear un aumento del coste para atender la deuda creciente y encarecer el pago de sus intereses.
A esta inquietud deben sumarse las exigencias foráneas de mayores gastos en Defensa, lo que implica reordenar las prioridades presupuestarias o incrementar aún más el volumen de deuda. La segunda vía parece la elegida tras la carta enviada al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 19 países de la Unión Europea, entre ellos España. Esos Estados han pedido a la entidad encabezada por Nadia Calviño que “ajuste de su política crediticia para aumentar el volumen de financiación disponible en el campo de la seguridad y la Defensa”.
También Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, apuesta por la vista gorda y plantea congelar las reglas fiscales para destinar “cientos de miles de millones” de euros a los negocios militares. Y es bien sabido que el armamento moderno resulta particularmente gravoso. España destina actualmente el 1,28% de su PIB a la industria bélica y se ha comprometido a subirlo hasta el 2% en 2029, pero ese esfuerzo presupuestario se juzga como muy insuficiente desde la OTAN. Trump pidió en el reciente Foro de Davos a los miembros de la Alianza Atlántica que el gasto militar debe llegar al 5%, “un nivel que se tendría que haber alcanzado hace años”.
Cabe pensar además en otros imprevistos de gran calado que puedan animar a mayores niveles de deuda. Carlos Cuerpo ha detallado que la emisión de deuda en términos brutos alcanzará los 278.000 millones de euros en 2025, incremento que el ministro defiende por la necesidad de contar con “flexibilidad suficiente para dar respuesta a las necesidades de reconstrucción y relanzamiento que ha generado la catástrofe de la DANA”.
Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, tras su exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces la deuda pública española ha aumentado en 455.542 millones de euros, pasando de 1,194 billones de euros en mayo de 2018 a 1,62 billones en 2024, según los últimos datos disponibles. Ahora mismo a cada habitante de nuestro país le corresponde pagar unos 32.000 euros (más de cinco millones de las antiguas pesetas) de esa obligación del Estado. Tal ritmo de endeudamiento ya había comenzado en la recta final del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no ha cesado de aumentar.
Los que ven la botella medio llena destacan que la ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) ha bajado en los últimos años tras el pico registrado en la pandemia. Los optimistas reconocen que hay más deuda pública, pero insisten en que el dato reviste ahora menor gravedad. En concreto, en el primer trimestre de 2021, la deuda representaba el 125,7% del PIB, mientras que en el mismo periodo de 2023, este porcentaje se redujo al 113% y ahora se encuentra en el 101,8%. El Ejecutivo confía en que a final de año bajará al 101,4%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha resaltado el buen comportamiento en las últimas emisiones de deuda del Tesoro en los mercados y señala que la prima de riesgo ha caído “hasta el entorno de los 70 puntos”.
El descenso de porcentaje se debe sobre todo al fuerte crecimiento de la economía española, que el pasado ejercicio llegó al 3,2% según el Instituto Nacional de Estadística. El dato se ha utilizado para calificar a la economía española como la locomotora de Europa, tras cosechar una subida del 2,7% en 2023 y del 6,2 en 2022. Para este año la previsión es que el PIB avance un 2,5%. En otras palabras, durante el mandato de Pedro Sánchez, la deuda pública española ha crecido notablemente en términos absolutos, pero su peso relativo respecto al PIB ha disminuido en los últimos años.
La investigadora del Real Instituto Elcano y consejera del Banco de España, Judith Arnal, sostiene que “la ratio de deuda pública sobre el PIB es una métrica fundamental en el análisis de la sostenibilidad de la deuda de un país. Se trata de una cifra tan relevante que tanto a nivel académico como de políticas públicas se han determinado umbrales por encima de los cuales, el impacto de la deuda sobre el crecimiento económico podría ser negativo o incluso, la deuda pública de un país podría llegar a ser insostenible, dando lugar a una fuerte crisis fiscal y financiera, como de hecho sucedió en la zona euro a principios de la década de 2010”. Y añade Arnal: “Durante la crisis de deuda soberana de la zona euro, el seguimiento de variables como la rentabilidad de la deuda pública o las primas de riesgo llegaron a la opinión pública. Superada la crisis de deuda soberana, estos conceptos parecen haber quedado atrás para el gran público, pero la ratio de deuda pública sobre el PIB es una variable que se sigue muy de cerca tanto por la prensa especializada como generalista. Y esto es por un buen motivo, ya que desde el año 2006, se ha producido un notable incremento de la ratio de deuda pública sobre el PIB en los principales países de la zona euro, salvo en Alemania”. Curiosamente, Alemania muestra una deuda pública reducida frente a otras grandes economías occidentales. En 2023, la deuda pública germana representaba solo el 62,9% de su Producto Interior Bruto (PIB). Muchos analistas indican que ese nivel facilita un probable aumento de gasto público en Alemania para animar su crecimiento económico. Sin salir del ámbito europeo, países como Luxemburgo se limitan a un envidiable nivel del 26,6%.
Pero los defensores del crecimiento de la deuda prefieren apuntar el caso de Japón, el país con mayor nivel de endeudamiento del mundo. En la actualidad, la deuda nipona es de 11,78 billones de dólares (unos 85.000 dólares por habitante), cifra que representa un 255,39% de su Producto Interior Bruto.
Lo preocupante en España es la aceleración deudora que se constata tras las últimas escaladas. Las cifras del pasado julio mostraban un crecimiento de 25.000 millones de euros respecto al mes precedente, con una bola de nieve deudora que crecía el pasado verano al ritmo de 830 millones al día. Fue el récord histórico. Esa subida en el pasivo del conjunto de las Administraciones se produjo tras dos meses de caídas y se atribuyó al calendario de emisiones de deuda del Tesoro Público, habitualmente más activo a comienzos de año y de menor potencia en la segunda mitad del ejercicio, según señalan desde el Ministerio de Economía. El pasado 2024, según el Banco de España, el crecimiento de la deuda ha sido de 46.143 millones de euros (1.260 millones cada jornada).
La repetición de esos aumentos desbocados preocupa a bastantes expertos, que observan con recelo el cómodo recurso al endeudamiento y argumentan que precisamente hay que contenerlo en periodos de crecimiento económico como el actual para gozar de mayor margen de actuación cuando cambien las tornas.
Uno de los más reputados teóricos de la deuda es el antropólogo David Graeber (1961-2020), reconocido mundialmente, entre otros trabajos, por su libro En Deuda (2012, Una Historia Alternativa de la Deuda). El estadounidense Graeber, profesor en Yale y London School of Economics, mantuvo una visión crítica sobre el pasivo y los compromisos que gravan a un Estado. Argumentaba, desde una perspectiva anarquista, que la deuda no se limita a ser una cuestión económica, sino que también constituye una construcción social y política que sirve históricamente para justificar la desigualdad y la explotación. Apuntaba el pensador que la deuda puede utilizarse como herramienta de control y que las deudas -en particular las de los ciudadanos comunes- se emplean para sostener estructuras de poder y subordinación.
Respecto a la condonación histórica de deudas, Graeber explica en su ensayo que, en muchas sociedades antiguas, los gobernantes periódicamente perdonaban las deudas para evitar crisis sociales, algo que contrasta con la rigidez del sistema financiero moderno. Al mismo tiempo, consideraba que la expansión del crédito en las últimas décadas ha creado una economía global sobre los pilares de la deuda, lo que ha llevado a crisis económicas recurrentes y a la precarización de la población. Si Graeber estuviera vivo, criticaría el aumento de la deuda pública en España (y en otros países) porque muchos gobiernos recurren a préstamos para sostener el sistema.
Un último apunte. Si usted tarda una hora en leer El Adelantado de Segovia que sostiene en sus manos, en ese tiempo la deuda pública española habrá crecido unos 52 millones de euros, millón arriba, millón abajo. Eso sí, se puede consolar pensando en el porcentaje que representa sobre el PIB…
Así entró el pago de la deuda en la Constitución
El poder de la deuda pública es tan abrumador que obligó a modificar la Constitución Española. El cambio en la Carta Magna llegó en 2011, tras un insólito acuerdo entre las grandes formaciones políticas de nuestro país. Era la segunda vez que se tocaba el texto desde su aprobación en 1978, con un único precedente: incluir dos palabras en el artículo 13.2 (“y pasivo”) para el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales.
El cambio de 2011 afectó al artículo 135 y llegó en plena crisis financiera global, cuyos estragos castigaron especialmente a España tras años de fiebre inmobiliaria durante los que casi nadie se preocupó por la deuda pública. La reforma introdujo el término “estabilidad presupuestaria” y que el desembolso de la deuda fuera lo primero que el Estado debe pagar frente a cualquier otro gasto en los presupuestos generales. Uno de sus apartados fijó en el texto incorporado que “el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Justo al año siguiente de este retoque trascendental, en 2012, España solicitó ayuda financiera a la Unión Europea, que concedió un rescate cuyo coste ronda los 71.833 millones de euros (según el Tribunal de Cuentas). El gasto para salvar a los bancos españoles, por cierto, también sigue subiendo año tras año, al igual que la deuda pública.
El desencadenante fue una carta que envió el Banco Central Europeo (BCE) al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el 5 de agosto de 2011 y la firmaban Jean Claude Trichet (presidente del BCE) y Miguel Ángel Fernández Ordóñez (gobernador del Banco de España). La misiva recogía varias instrucciones al Ejecutivo, desde medidas en el mercado laboral hasta la moderación de los salarios en el sector privado, pasando por exigencias para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Solo tres semanas después de recibir la carta, PSOE y el PP pactaron modificar la Constitución. El entonces presidente aseguró que esos cambios no venían impuestos por ninguna institución supranacional. “Es una decisión autónoma del Gobierno español, nadie nos ha obligado”, afirmó entonces la ministra de Economía, Elena Salgado.
La época veraniega no impidió las protestas por el secretismo en el proceso de modificación y desde varios ámbitos se solicitó que la difusión del contenido de esa carta. Moncloa se parapetó en su carácter “estrictamente confidencial” para negar las peticiones. Solo dos años más tarde, en noviembre de 2013, Rodríguez Zapatero publicó esa misiva en el libro que publicó con la editorial Planeta, El Dilema: 600 días de vértigo. Rajoy había pedido en debate parlamentario la difusión de esa carta del BCE, además de sugerir que el cambio constitucional era una imposición de Bruselas: “Si la ha recibido, convendría que informara a esta Cámara de su contenido”, expresó quien pronto sería presidente en agosto de 2011.
España no fue un caso único. También Trichet y el entonces gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi, enviaron un mensaje similar al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. En septiembre de 2011, la canciller de Alemania Angela Merkel, felicitó a Rodríguez Zapatero por abordar la reforma de la Constitución española. Merkel señaló que la modificación de la Carta Magna era muy útil para convencer a la opinión pública alemana, a su partido y a otras fuerzas políticas de la necesidad de apoyar los acuerdos de la Unión Europea para reforzar el fondo de rescate europeo.
