“Vengo a interponer DENUNCIA contra todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos a continuación, detallados y fundamentados, de los que hemos tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación, por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos, sin perjuicio de que la instrucción penal pueda alterar la calificación jurídica de los hechos o junto a estos concurran otros delitos.
Las conductas que se detallarán más adelante han afectado a una situación, la de las compras de emergencia por COVID 19, que reviste una indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de material en un momento singularmente difícil para la población española.
Teniendo en cuenta el análisis realizado de manera preliminar, tras la publicación de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicación, hay una serie de contratos, que se relacionan a continuación, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, que podrían ser casos y ejemplos de actuaciones por parte de los responsables, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, tales como la falta de solvencia del contratista, o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato.
“1. CONTRATOS A LA EMPRESA SOLUCIONES DE GESTION
Contrato 1. Contratación para el Suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
-El 21/3/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, el contrato para el suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido.
Contrato 2. Contratación para el Suministro de mascarillas FFP2, adjudicado por ADIF, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
– El 27/3/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, el contrato para el suministro de 5.000.000 de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 euros, IVA incluido.
-En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:
1.-La compañía adjudicataria, con sede en Zaragoza, ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. No obstante, según Vozpópuli, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado.
2.- El importe de la cifra de negocio de la empresa Soluciones de Gestión, fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19.
El auditor de la información económica del adjudicatario es Auren Auditores, que en su informe del ejercicio 2020 apunta a que la actividad de esta empresa se centró en los contratos de material sanitario durante este ejercicio. “La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados”, expone en sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil.
5.- Que a fecha 2 de marzo de 2022, no consta publicada, en el Portal de la Contratación, la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización.
A pesar de ello, la empresa Soluciones de Gestión, en el plazo de 7 días resultaba adjudicataria de dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros para adquirir material sanitario: ¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos? Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación por ser “de confianza del Sr. Ábalos”, entonces Ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como ADIF.
Contrato 3. Contratación para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con motivo del COVID-19, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.
– El 20/4/2020, se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, el contrato para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, por un valor de 3.479.355 euros, IVA incluido.
En relación con este contrato, hay que señalar que, según las informaciones publicadas, “la elección de este proveedor por parte del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, según explican a Vozpópuli, se debe a la mediación del Ministerio de Transportes”.
Por lo tanto, puede cobrar más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa.
De hecho, resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas, a priori, en China, y sin ingresos durante el ejercicio anterior, resultase, tras su contratación por el Ministerio de Transportes, dirigido por el Sr. Ábalos, beneficiaria de la adjudicación de 4 contratos por parte del Servicio Canario de Salud, y otros 2 contratos por el Servicio de Salud de Baleares, ambas instituciones bajo dirección de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor con tales servicios sanitarios.
2. CONTRATOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA FCS SELECT.
Contrato 4. Contratación para la Adquisición de 20 millones de mascarillas quirúrgicas, 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección, por un valor de 12.172.600 C, IVA incluido.
Contrato 5. Contratacion para el Suministro de 280 millones de mascarillas de protección respiratoria, por un valor de 143.990.000 C, IVA incluido.
Contrato 6. Contratación para el Suministro de 150 millones de máscaras faciales, por un valor de 77.137.500 euros, IVA incluido.
Contrato 7. Contratación para el Suministro de 58 millones de mascarillas adjudicado por un valor de 29.826.500 euros, IVA incluido.
-El 23/3/2020, por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, se adjudicaron a la empresa FCS SELECT PRODUCTS S.L, los contratos 4, 5, 6 y 7 citados anteriormente, para el suministro fundamentalmente de mascarillas quirúrgicas o de protección. por un valor de 263.126.600 euros, IVA incluido.
-En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:
1. La compañía adjudicataria, con sede en la provincia de Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado, y mucho menos para la adjudicación de 4 contratos de manera simultánea por un importe tan elevado sin referencias previas, ni experiencia en el sector.
2. El importe de la cifra de negocio de la empresa FCS SELECT, fue de menos de un millón de euros en 2018 (un 5,6% menos incluso que el año anterior), con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con el COVID-19.
Es decir, la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros), declarando no tener trabajadores en los ejercicios anteriores.
4. Que a fecha 2 de marzo de 2022, no consta publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización.
5. Tal y como se ha publicado en diversos medios de comunicación, la administradora de la empresa, Dª Mayra Dagá Castillo fue condenada en el año 2016 por un delito de ESTAFA AGRAVADA, por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros. Tales precedentes son relevantes ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia. De hecho, este tipo de delito puede incluso suponer, en su caso, la imposición de penas accesorias como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o para contratas con el sector público.
A pesar de ello, la empresa FCS SELECT PRODUCTS SL, tal y como se ha señalado resultaba adjudicataria de 4 contratos, por un valor superior a los 260 millones de euros para adquirir material sanitario: ¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos? Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación por una relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, el Sr. Illa, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa y de la que fue alcalde.
3.CONTRATOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA MEMBER OF THE TRIBE.
Contrato 8. Contratación para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por un valor de 5.564.000, IVA incluido.
Contrato 9. Contratación para el suministro de 40 millones de guantes de nitrilo, por un valor de 3.880.000, IVA incluido.
-El 14/5/2020,por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, (INGESA) del Ministerio de Sanidad, se adjudicó a la empresa MEMBER OF THE TRIBE SL, el contrato 8 citado para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por un valor de 5.564.000€, IVA incluido. Posteriormente, el 1/6/2020, INGESA, volvió a adjudicar otro contrato a la misma empresa, para el suministro de 40 millones de guantes, por un valor de3.880.000 euros.
Por lo tanto, el encargo del Ministerio de Sanidad supuso el suministro de 92 millones de guantes de nitrilo, por un valor de 9.444.000 euros, IVA incluido.
-En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:
1.La compañía adjudicataria, con sede en la provincia de Barcelona, tiene como objeto social, principalmente, el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios como era el objeto de la contratación indicada, y, por lo publicado por la prensa, no había concertado hasta dicho momento contrato alguno con las administraciones sanitarias.
3.El precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa Member of the Tribe S.L, adjudicataria del contrato fue de 0,10 euros, lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones.
Por lo tanto, se puede observar que la adjudicación a la empresa Member of the Tribe no tenía ninguna lógica económica, que justificase la contratación, a una empresa cuyo objeto social no era concordante con la naturaleza del suministro. El precio de adjudicación por unidad, por encima de 0,10 euros la unidad representa un sobrecoste de entre el 25% y el 500% de las adjudicaciones referenciadas. Respecto a la propia INGESA, supone un exceso de precio que supone multiplicar por dos el precio pagado en adjudicaciones inmediatamente anteriores.
6. Aunque según figura en la descripción del contrato en el Portal de Contratación como de “tramitación de gasto ordinario”, Sanidad, adelantó 1.669.200 euros, el 30% del primer contrato (contrato 9). La compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones de contrato, por lo que se resolvió el contrato y se suspendió el segundo. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe de 1.669.200 euros que fueron adelantados, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios afectados.
4.CONTRATO ADJUDICADO A LA EMPRESA WEIHAI TEXTILE.
Contrato 10. Contratación para el suministro de 500.000 batas desechables por un valor de 10.192.605 euros, IVA incluido.
El 27/3/2020, por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, (INGESA) del Ministerio de Sanidad, se adjudicó a la empresa WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & EXPORT Co, LTD, el contrato citado para el suministro de 500.000 batas desechables, por un valor de 10.192.605 euros, impuestos incluidos.
-En relación con estos contratos, hay que hacer las siguientes consideraciones:
-El precio de las batas ofrecido por la empresa WEIHAI TEXTILE GROUP, adjudicataria del contrato fue de 18,50$ la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros, tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones.
De hecho, entre el 20 y el 27 de marzo, el Gobierno cerró contratos de compra de batas desechables con Medline International Iberia SL y con Suministros Hospitalarios SA. Con estas empresas españolas los precios por unidad de las batas fueron de 0,3263 euros (con Medline) y de 0,2783 euros con Suministros Hospitalarios.
Por lo tanto se adjudicó un contrato cuyo precio por cada unidad suponía un precio de entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado entonces existentes y pagados por la propia entidad contratante con otros proveedores. Eso supone que, en el supuesto de que se hubiese realizado la adjudicación de acuerdo a la lógica de las cosas, de acuerdo a los propios datos y antecedentes existentes en INGESA, la adquisición de las 500.000 batas hubiesen tenido un coste para la administración de entre 139.150 euros y 163.150, impuestos incluidos, frente a los 10.192.605 euros. Hay un sobrecoste, incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones de euros (+625 %), cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar.
5.CONTRATO ADJUDICADO A LA EMPRESA HYPERIN GRUPO EMPRESARIAL.
Contrato 11. Contratación para la adquisición de 144 Dispositivos de Ventilación Mecánica Invasiva, modelo BREAS-VIVO 65 por un valor de 3.310.000 euros, IVA incluido.
– El 25/3/2020, por parte de la Secretaría de Estado de Sanidad, se adjudicó a la empresa HYPERIN GRUPO EMPRESARIAL,el contrato 11 citado para el suministro de 144 Dispositivos de Ventilación Mecánica Invasiva, modelo BREAS-VIVO 65 por un valor de 3.310.000 euros, IVA incluido.
-En relación con este contrato, hay que hacer las siguientes consideraciones:
1.La compañía adjudicataria, tiene como objeto social “la fabricación de yesos para la construcción”. Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios o máquinas especializadas de ventilación invasiva, como era el objeto de la contratación indicada, y, por lo publicado por la prensa, no había concertado hasta dicho momento contrato alguno con las administraciones sanitarias.
3. Aunque según figura en la descripción del contrato en el Portal de Contratación como de “tramitación de gasto ordinario”, Sanidad, el 25 de marzo, adelantó al contratista la totalidad del importe del contrato (3.310.556 euros). La compañía, unos días después comunicó a la administración que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación acordados en el contrato, planteando una posible alternativa. Ante el hecho de que el modelo de ventilación alternativo ofrecido por la empresa no cumplía con los requisitos sanitaros exigidos, el contrato se dio por extinguido. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe total del dinero adelantado
4. Ante tal resultado, es evidente que hay que preguntarse cómo es posible que se adjudique un contrato de tal importancia para salvar vidas a una empresa cuyo objeto social no tiene nada que ver con el objeto del contrato (fabricación de yesos), se adelante la totalidad del importe y no se haya conseguido el reintegro de la totalidad del mismo. La situación resulta extravagante, incomprensible y enormemente perjudicial para los intereses públicos, tanto desde el punto de vista patrimonial como de la prestación de un adecuado funcionamiento del servicio sanitario.”
