El Pleno del Parlamento catalán que votó la declaración de independencia cumplió ayer un año con gran parte de sus impulsores a punto de sentarse en el banquillo en el Tribunal Supremo (TS) para ser juzgados por presunta rebelión, desobediencia y malversación, si bien el expresidente Carles Puigdemont no será juzgado en este procedimiento al estar en Bélgica y retirarse la euroorden.
En prisión preventiva siguen el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell; el exlíder de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart —estos dos son los que llevan más tiempo: más de un año—.
En total son 18 los líderes soberanistas que finalmente serán juzgados en el alto tribunal por delitos que pueden conllevar más de 20 años de cárcel: será seguramente a mediados de enero, con los siete magistrados de la Sala de lo Penal —el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo—.
El jueves el TS confirmó el cierre de la instrucción, que hizo el juez Pablo Llarena, llevando asimismo a juicio a los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila —procesados por desobediencia y malversación—, así como la exlíder de la CUP en el Parlamento autonómico Mireia Boya y los que fueron miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Pablo Llarena atribuyó presunta desobediencia.
Ese 27 de octubre, tras la negativa de Puigdemont a convocar elecciones, el Parlamento declaró constituida la república catalana independiente y acordó iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fijaba “instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república”.
Horas después, el entonces fiscal del Estado, el fallecido José Manuel Maza, anunció en rueda de prensa dos querellas, y el lunes siguiente, cuando el Senado ya había aprobado aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía, se presentaban sendas querellas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, posteriormente unificadas.
El 31 de octubre, cuando ya se sabía que Puigdemont se había ido a Bélgica con algunos de sus consejeros, el Supremo y la Audiencia ya admitían a trámite las querellas.
