La Administración de la Comunidad adjudicó 2.829 expedientes por importe conjunto de 1.161 millones de euros durante 2022, un 52 por ciento más que en el ejercicio anterior, por lo que el volumen económico de la contratación administrativa recupera niveles del ejercicio 2008, cuando se cifró en 1.195 millones de euros. La opinión del Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, elaborado por el Consejo de Cuentas, se centra en el “cumplimiento razonablemente con la legalidad aplicable”, aunque emite nueve recomendaciones de mejora.
Así lo trasladó el presidente el órgano de control externo, Mario Amilivia, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, quien aseguró que ese “cumplimiento razonable” presenta limitaciones relacionadas con la falta de alguna documentación en ocho expedientes y determinadas salvedades -reflejadas en cuatro de las once conclusiones- que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Para esta fiscalización se ha seleccionado una muestra de 150 expedientes, de los cuales en 120, por importe conjunto de 402 millones de euros, se ha analizado la formalización de los contratos y en 30, por importe de 120 millones, la ejecución. De los 120 contratos de la primera muestra, en 82 expedientes (68 por ciento) los órganos de contratación han cumplido con todas las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Amilivia destacó que este informe es de consideración anual y de mandato legal, que es “muy exhaustivo”, y aclaró que hay que tener en cuenta que este control externo se suma al control interno que ha llevado a cabo la propia administración.
Explicó que este informe se caracteriza por ser “garantista y tasado” en las diferentes fases del proceso de ejecución, dado que se han llevado distintas pruebas de auditoría, que se acercan a las 9.000 pruebas en relación a los 150 contratos, donde se han detectado 250 incidencias, un porcentaje que alcanza el tres por ciento de la contratación, detalló.
De esa forma, son “incumplimientos muy significativos”, pero que “no llevan a que el informe tenga una opinión desfavorable al no estar generalizados”, porque sólo 22 contratos tienen salvedades relacionadas con el acta de recepción y 24 vinculadas con la determinación de los parámetros para identificar las ofertas. “Si estos incumplimientos significativos se hubieran producido en todos los órganos de contratación, la opinión de dicho informe hubiera sido desfavorable”, remarcó Amilivia.
Mayor contratación
La entidad que gestiona mayor contratación en el ejercicio 2022, tanto en número de expedientes como en importe, fue la Gerencia Regional de Salud (967 contratos por cuantía global de 424 millones de euros), seguida de la Consejería de Educación (200 millones y 472 expedientes).
Por tipo de contrato, los de suministro suman 429 millones de euros, seguidos de los expedientes de servicios (384 millones) y obras (300 millones). Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (652 millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.035 millones).
El Consejo de Cuentas realiza nueve recomendaciones, entre ellas a la Administración autonómica que establezca un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, especialmente las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la Gerencia Regional de Salud.
La procuradora ‘popular’, Rosa María Esteban, detalló que dicho informe intenta comprobar el cumplimiento de la obligación de la remisión de los contratos, analizar la regularidad de los procesos de contratación desde el principio de publicidad y transparencia mediante el examen de la documentación publicada en el Perfil del Contratante, así como notificar el cumplimiento de la legalidad y su adecuada documentación del proceso.
Se mostró de acuerdo con las once recomendaciones, aunque aclaró que ello “no significa que la Junta y sus sistema de contratación sea opaco y que no se cumplan los principios de libertad de acceso a la licitación, de publicidad y, por ende, de transparencia”. Y es que, la administración de la Comunidad cumple con la legalidad aplicable en el ejercicio 2022, subrayó.
De igual manera, la socialista, Laura Pelegrina, trasladó que los objetivos de fiscalización alcanzados han derivado en once conclusiones y nueve recomendaciones que desde el Grupo Parlamentario Socialista compartieron, así como la opinión que emite el Consejo de Cuentas, al ser una auditoría de cumplimiento de la legalidad, sentenció.
El procurador de UPL-Soria Ya, José Ramón García, fue aquel que se mostró más crítico ante los resultados de dicho informe, lamentó la “falta de transparencia” y señaló que, a su juicio, la “opacidad impera” en este ámbito, lo que también “dificulta el acceso a la información por parte de los ciudadanos”.
Mostró preocupación por la “falta de garantías” en la detención de ofertas demasiados bajas, por lo que “se corre el riesgo de adjudicar contratos a precios inviables, lo que puede repercutir en la posterior calidad de los servicios que se tienen que prestar”, quien subrayó que no se puede permitir una cultura de la “improvisación y la falta de seguimiento de los contratos”.
García comentó que es necesario “hacer valer los intereses públicos y no permitir que se diluyan las responsabilidades”, ya que la Junta debe establecer “sistemas efectivos” para que los contratos se cumplan en tiempo y forma y evitar así las modificaciones contractuales, sin olvidar que la actual estructura beneficia a grandes corporaciones y “deja en desventaja” a las pymes y al talento local.
Por su parte, la procuradora de Vox, Susana Suárez, consideró que este documento es “especialmente exhaustivo y complejo”, al reconocer que es “complicado” de estudiar y evaluar pues los procesos de contratación son un “aspecto muy sensible para la población”. Es por ello que, ante el detalle del informe, aseguró que desde el Grupo Parlamentario suscribieron todas las recomendaciones y objetivos del seguimiento, al puntualizar que algunas de ellas se repiten en informes sucesivos.
Apuntó que “se puede mejorar y ser más trasparente” y la forma de conseguirlo es “seguir de manera rigurosa” las recomendaciones del Consejo de Cuentas, por lo que dejó claro que “no hay que conformarse con un aprobado raspado, si es que llegamos”, dijo.
