El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Segovia ha ganado una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se obliga a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia a pagar el recargo de un 30% sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo que sufrió una enfermera segoviana que estuvo de baja a causa de “la falta de medidas de seguridad e higiene durante la pandemia de Covid-19”. Esta sentencia supone, además, que el TSJ ratifique que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia no protegió adecuadamente a las enfermeras durante este periodo.
Desde 2020, SATSE ha venido denunciando el elevado número de profesionales que se contagiaron del virus durante la primera ola en la provincia de Segovia y que solo en torno al 4% fueron considerados como accidentes de trabajo. En concreto, la enfermera afectada por la sentencia del TSJ, que presta servicios en un centro de Salud de atención primaria de Segovia, comenzó con sintomatología compatible con el virus en los primeros días de la pandemia y estuvo de baja por incapacidad temporal (IT) entre el 13 de marzo de 2020 y el 6 de abril de 2020.
El Juzgado de lo Social de Segovia había sentenciado previamente que la Gerencia de Asistencia Sanitara debía abonar un recargo de entre el 30 y el 50% sobre las prestaciones por accidente de trabajo derivado de la situación de IT que padeció la enfermera, al no habérsele facilitado las medidas de protección necesarias, sentencia que fue recurrida por la citada Gerencia y el INSS.
SATSE Segovia ha querido recordar que la demanda se presentó para “luchar por el reconocimiento de que el contagio de esta enfermera, entre muchas, se había producido en su centro de trabajo y por la falta de medios de protección frente al virus SARS-CoV 2, ante las múltiples trabas y dificultades que pusieron la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia y su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales”.
El Sindicato de Enfermería también ha recordado que esta vez es el TSJ de Castilla y León el que ratifica lo que llevan denunciando desde febrero del 2020 con su primer escrito, en el que denunciaba que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia contaba con Equipos de Protección Individual (EPIS) en enero del 2020 y no los facilitó a los profesionales. Asimismo, ha valorado positivamente esta nueva sentencia, asegurando que seguirá “vigilante para garantizar la salud y seguridad de los profesionales en sus centros de trabajo”.
