Castilla y León necesita rehabilitar desde ya 6.000 viviendas al año y aumentar el ritmo hasta alcanzar las 15.000 a partir de 2030 para lograr renovar su parque residencial de acuerdo a los objetivos marcados por Europa. Aunque la llegada de los fondos europeos ha impulsado las obras, todavía no se han alcanzado los volúmenes previstos en la Comunidad, según las estimaciones de Aeice, el Clúster de Hábitat Eficiente.
Su presidente y su director, Ricardo Fortuoso y Enrique Cobreros, destacaron en ‘Los desayunos de Ical’ que en España se debería multiplicar por ocho el número de viviendas rehabilitadas, para pasar de las 37.783 unidades de 2023 a unas 100.000 anuales y 300.000 desde 2030 hasta 2050, de acuerdo a los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
En ese sentido, el clúster señala que en España la actividad rehabilitadora está “muy por debajo” del ritmo estimado por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESSE). En él, se establece que debe tener una velocidad de crucero de 300.000 viviendas al año. Esto, en el caso de Castilla y León, supone intervenir sobre 15.000 casas en la Comunidad, frente a las 2.360 del último ejercicio.
Asimismo, el director del clúster destacó que la situación no es la óptima, aunque reconoció que la llegada de las ayudas europeas ha mejorado “mucho” la cifras, pero sin llegar a volúmenes previstos. Por ello, explicó que Aeice se prepara para el escenario que se abrirá en 2027 con el fin de las ayudas europeas y apuesta por vincular las obras a los ahorros energéticos y el aumento del valor de los bienes.
Igualmente, el presidente de Aeice demandó un cambio en la normativa para facilitar la toma de acuerdos en las comunidades de vecinos, así como el impulso de la figura de los agentes rehabilitadores, que tienen la misión de facilitar esta tarea, que termina siendo un proceso “complejo”, sobre todo, para una población envejecida.
Además, el clúster pide una simplificación de los procedimientos administrativos, porque en ocasiones pasa un año hasta que se resuelve la solicitud de las ayudas, momento en el que comienza la justificación necesaria para poder cobrarla.
