Castilla y León logra la mejor puntuación en el desarrollo de servicios sociales, con un Índice DEC del 7,73 sobre 10, tras adelantar a País Vasco (7,67) y Navarra (6,97), según el informe anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Además obtiene la mayor nota de toda su historia -0,94 más que el año pasado-,y supera en más de dos puntos la media nacional, que ha sido de un 5,46. Con este, ya son doce años con un lugar en el pódium.
La Asociación destaca que Castilla y León muestra un sistema “muy equilibrado” en sus tres dimensiones, que incluso ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012. Así ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. Es decir, una gran eficiencia del sistema, que se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas “adecuadas” como la integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local.
De la misma manera valora que el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación “bastante equilibrada” entre los derechos que reconoce en su ley de nueva generación y el catálogo que los concreta, y su entrega “efectiva” de prestaciones y servicios.
Más gasto por habitante
En lo que respecta a la parte económico-financiera, Castilla y León ha incrementado de manera importante el gasto social por habitante hasta alcanzar los 592,5 euros -85,3 euros y un 16,8 por ciento más que en 2023-, colocándose 44,4 euros por encima del conjunto de España (548,1 euros). En términos globales, las administraciones públicas de la Comunidad han incrementado también el porcentaje presupuestario destinado a Servicios Sociales llegando al 11,1 por ciento, frente al 10,2 por ciento de todo el Estado. De ese gasto social global, el 79,4 por ciento procede de la Junta, cuyas cifras se elevan 5,1 puntos sobre la media nacional, y el resto (20,6 por ciento) corresponde a las entidades locales (diputaciones y ayuntamientos). Esto implica que el porcentaje de gasto en esta área sobre el PIB autonómico también crece, al pasar del 1,8 al 1,9 por ciento, mientras que en el conjunto de las comunidades es del 1,7 por ciento.
Otro de los puntos fuertes del sistema castellano y leonés es la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En atención a personas en situación de dependencia, la Comunidad obtiene la nota más alta de España: un 8,3 frente a una media global del 5,1. En ello tiene mucho que ver que el tiempo medio para resolver un expediente, en Castilla y León, es de 113 días, frente los 342 del resto. El 94,8 por ciento de las personas con derecho a algún tipo de prestación la están recibiendo -cuatro puntos más que en todo el país-.
En cuanto a atención residencial, Castilla y León es la primera comunidad, con una cobertura del 11,8 por ciento, en plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, frente al 5,8 por ciento estatal. Un primer puesto que se repite en servicios residenciales para personas con discapacidad: cuenta con una cobertura del 4,5 frente al 1,7 por ciento del conjunto del país. Y ese liderazgo vuelve a repetirse en centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad: 6,47 plazas por cada 100 de estas personas.
En el ámbito de la violencia de género, el sistema social de Castilla y León suma 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 globales. En lo que respecta a menores integrados en el sistema de protección de la Comunidad, el 50,2 por ciento del total de las acogidas se producen en un entorno familiar -la media estatal es del 47,8 por ciento-. Y, en relación a los alojamientos para personas sin hogar, hay 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 más que a nivel nacional.
Menor cobertura
En cuanto a los servicios con menor cobertura en Castilla y León , aparecen la ayuda a domicilio, con una cobertura de 8,8 por ciento respecto a personas mayores de 75 años, frente al 11,5 por ciento de media en España. Los centros de día, con una cobertura de 1,7 por ciento sobre personas mayores de 75 años, frente a 2,2 por ciento de media estatal.
El servicio de teleasistencia, con una cobertura de 14,5 por ciento para personas mayores de 75 años, frente a 22,5 por ciento de la media del conjunto de España.
Por último, las rentas mínimas de inserción, que en Castilla y León las perciben sólo el 1,8 por ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que en la media estatal este porcentaje es de 6,3 por ciento.
