Si ya en mayo, el equipo de gobierno estimaba que el coste de la pandemia por el coronavirus para el Ayuntamiento de Segovia ascendía a cerca de 1.300.000 euros, el concejal de Economía y Hacienda, Jesús García Zamora, avanzaba recientemente que iban a registrarse peticiones de reequilibrio económico por parte de las empresas concesionarias de servicios públicos municipales, entre otras. Ayer mismo la Junta de Gobierno Local acordó ampliar la duración del contrato de la vigilancia de las zonas ORA de la ciudad en 75 días más, hasta el 28 de noviembre de este año pero desestimó una reclamación realizada por la empresa que gestiona el aparcamiento subterráneo de Padre Claret.
En el primer caso, se trata del mismo periodo de días en los que estuvo suspendido el contrato con Setex Aparki S. A., la concesionaria de ese servicio de vigilancia del aparcamiento vigilado de Segovia, durante el periodo del estado de alarma por la crisis sanitaria de la Covid-19.
Hay que recordar que se trata de un contrato ya prorrogado en varias ocasiones y que el nuevo pliego para licitar de nuevo el servicio se ha pospuesto porque están pendientes modificaciones normativas, entre ellas la nueva Ordenanza municipal de Circulación que, a pesar de que ya pasó el año pasado por el requisito de consulta pública previa, no está contemplada en el Plan Normativo del Ayuntamiento de Segovia para este año.
La alcaldesa, Clara Luquero, reiteró ayer que se sigue trabajando en el pliego de este contrato pero añadió que “luego veremos porque tiene mucho que ver con las características a futuro de la movilidad en el casco histórico”.
El gobierno municipal tiene en su hoja de ruta la peatonalización del recinto amurallado de la ciudad a lo largo de este mandato municipal, lo que puede afectar también al contrato con otra concesionaria de un servicio público, el del aparcamiento subterráneo de Padre Claret.
Precisamente en el equipo de gobierno desestimó ayer, también en la Junta de Gobierno Local, la propuesta que había presentado la empresa que gestiona este parking en el sentido de “imposibilidad de ejecución del contrato” de explotación de las instalaciones subterráneas situadas a pocos metros del Acueducto ya que los servicios municipales han constatado que las mismas permanecieron abiertas durante la vigencia del estado de alarma decretado el 14 de marzo.
Luquero comentó que el argumento de la concesionaria del aparcamiento es que la baja actividad motivada por el descenso brusco de la movilidad durante el periodo del estado de alarma ha ocasionado un descenso de ingresos y, por lo tanto, reclama también un reequilibrio económico.
Otra concesionaria, la empresa que gestiona la escuela infantil La Senda, en el barrio de San Lorenzo, de titularidad municipal, podrá solicitar también una compensación, ya que por el mismo motivo que la de vigilancia de la ORA tuvo que cerrar y dejar de prestar un servicio, para niños de cero a tres años, y no lo retomó hasta el pasado 7 de julio, después del requerimiento de la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, al comprobar que no había iniciado la actividad un día antes, como había anunciado la edil de Izquierda Unida.
Finalmente, la concesionaria accedió al cumplimiento del contrato con el Ayuntamiento aunque Peñalosa admitió entonces que, una vez este finalice su periodo de ejecución, el próximo 31 de octubre, podrá reclamar el reequilibrio económico que la Ley establece.
La propuesta de la empresa del parking de Padre Claret no ha sido la única desestimada por los responsables municipales, ya que en la Junta de Gobierno Local del 13 de agosto, no aceptó la petición que hizo el adjudicatario de la explotación del quiosco-bar ubicado en la arboleda de San José para ampliar la ejecución del contrato por un período equivalente a la duración del estado de alarma.
Sin embargo, en este caso, el Consistorio segoviano sí ha autorizado, de forma excepcional, que mantenga la actividad en este quiosco de hostelería situado junto a la avenida de Juan Carlos I durante un periodo de dos meses a partir del 17 de agosto; es decir, hasta el 16 de octubre, considerando esta última fecha el fin de la temporada del año 2020.
Moratoria
Por otro lado, el equipo de gobierno ha ido aprobando en distintas sesiones de la Junta de Gobierno Local una moratoria en el pago de la renta de alquiler en diferentes espacios municipales, principalmente los viveros de empresas repartidos por diferentes barrios de la ciudad. Además, la medida se ha aplicado de manera automática, sin necesidad de que los arrendatarios tuvieran que presentar una solicitud y su efecto se ha limitado al periodo de tiempo del estado de alarma.
Impacto
El impacto económico de la pandemia en el Ayuntamiento de Segovia hasta mediados de mayo se estimaba en 1,3 millones de euros y recogía ya algunos costes derivados de la gratuidad de servicios como el de transporte público urbano en autobús o el de aparcamiento en zonas ORA, además de la caída de ingresos por la supresión o rebaja de tasas y precios públicos y la inversión en herramientas tecnológicas para garantizar el funcionamiento de la actividad municipal o la adopción de medidas para combatir los efectos económicos de la pandemia en sectores económicos como la hostelería y el comercio. En este último caso con iniciativas todavía en ejecución, como la campaña de bonos comercio y el fomento de las compras en establecimientos de proximidad, con una partida en toro a los 450.000 euros, o las ayudas a empresas de hostelería sin terrazas, en torno a los 100.000 euros.
Otras medidas
Hay que recordar que durante todo este año 2020 el Ayuntamiento ha suspendido el pago de los precios públicos por ocupación de espacios de la ciudad por terrazas de hostelería, así como por mercados al aire libre, puestos callejeros, quioscos y zonas de carga y descarga de aquellos establecimientos que no pudieron ejercer su actividad por la declaración del estado de alarma. La tasa de basuras se ha reducido un 90% en el segundo cuatrimestre para todos los negocios de la ciudad.
Solo por las terrazas, la previsión de ingresos este año ascendía a 330.000 euros en el Consistorio, por lo que la caída se estima en unos 300.000, según el concejal de Hacienda.
A esto hay que sumar que desde que se estableció la gratuidad en el transporte público con autobuses urbanos y el estacionamiento en zonas ORA el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a indemnizaciones a las empresas concesionarias de estos servicios que hasta mayo se acercaban a los 100.000 euros. En el primer caso el pago mensual ha sido de unos 35.000 euros y en el segundo de 13.577 euros.
