Los funcionarios de prisiones claman contra las agresiones y actos violentos de los que son objeto por parte de los internos en los centros penitenciarios, que en el caso de Segovia comienzan a ser un problema preocupante para la integridad de los trabajadores en la cárcel de Perogordo.
Los funcionarios, a través de sus representantes sindicales llevaron a cabo ayer una concentración de protesta en la que bajo el lema ‘Prisiones sin agresiones’ expresaron su malestar por la proliferación de hechos violentos en las cárceles, que el pasado año experimentaron un incremento del 60 por ciento con respecto al año anterior, según los datos facilitados por los sindicatos UGT, CCOO y ACAIP, convocantes de la concentración.
Con respecto a Segovia, los sindicatos señalaron que el número de agresiones registradas en el Centro Penitenciario de Perogordo registrado en los dos últimos años se eleva a nueve, de las que cinco fueron en 2016 y cuatro el pasado año. Asimismo, precisaron que en el primer semestre de este año ya se han registrado dos hechos violentos con funcionarios como víctimas, uno de ellos registrado el pasado mes de mayo cuando un interno propinó un cabezazo en la cara a un funcionario cuando era trasladado al departamento de Ingresos para salir a consulta al Hospital General. El otro tuvo lugar hace apenas una semana cuando un interno agarró por el cuello a un funcionario sin mediar palabra. A estas agresiones “hay que sumar los insultos, vejaciones y amenazas” que soportan en su relación diaria con los internos, según aseguran los representantes sindicales.
Para los sindicatos convocantes, la solución a este problema pasa por la aplicación de una verdadera política de prevención de riesgos laborales “que garanticen la seguridad y la salud de los empleados públicos penitenciarios”, así como paliar la “acuciante falta de personal” en las plantillas de las cárceles, que actualmente tiene 3.400 vacantes sin ocupar.
Con respecto a Segovia, los sindicatos aseguran que existen 43 plazas de funcionarios sin ocupar, y esta semana se han incorporado siete funcionarios en prácticas pertenecientes a la oferta de empleo de 2016 que llevarán a cabo labores de vigilancia.
Las centrales sindicales señalaron que a partir del próximo mes de septiembre las movilizaciones se intensificarán ya que “los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado, y se tiene que frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales y el deterioro de un servicio público que atenta contra la privatización de los servicios penitenciarios”.
