A pesar de los avances realizados en los últimos años en materia de sostenibilidad y eficiencia, el ahorro energético en Segovia continúa siendo complicado para sus habitantes. Según datos de la Junta de Castilla y León, de las 2.321 viviendas evaluadas en 2024, 1.500 tenían una calificación E, F y G, en emisiones de CO2, las más bajas. Respecto al consumo de energía primaria no renovable (combustibles fósiles), obtuvieron esta calificación unas pocas más, 1.549 viviendas.
Según especifica el real decreto 235/2013, de 5 de abril, desde el 1 de junio de 2013, disponer de un certificado de eficiencia energética es obligatorio para la venta o alquiler de viviendas. Este documento evalúa la eficiencia energética de un inmueble mediante una escala de letras (de la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente). La clasificación depende de factores como el aislamiento, la calidad de las instalaciones y el consumo de energía del inmueble. El certificado debe ser emitido por un técnico especializado y tiene una validez de diez años.
En ese año, 2013, comenzaron a registrarse los datos de las viviendas calificadas, doce años en los que, a pesar de haber hecho grandes avances tanto tecnológicos como de concienciación por parte de la población, las calificaciones energéticas más bajas siguen siendo la norma.
Desde 2013, se han analizado 19.086 viviendas, tanto bloques como casas unifamiliares, en la provincia de Segovia. De ellas, tenían calificación E alrededor de 9.500, la F, 2.237 y la G 1.838, en relación a su emisión de carbono (CO2). En total, 13.511 viviendas tenían una baja calificación energética, es decir, más del 70% de las casas analizadas durante este periodo. Solo 750, alrededor del 4%, tenían la calificación A, la más alta posible.
Las cifras, aunque han ido aumentando en los últimos años, siguen siendo bajas. En 2024, el 7,5 por ciento de las viviendas analizadas tenían calificación A y en lo que llevamos de 2025, de las 97 viviendas que han sido clasificadas hasta ahora, solo cinco alcanzaban esta calificación. La mayoría continuaban en categorías más bajas, especialmente en la E, con 47 viviendas del total analizado. Es pronto no obstante, para determinar cómo evolucionarán estos datos a lo largo del año, aunque por ahora parece que la tendencia de años anteriores se mantendrá.
Una rehabilitación necesaria
Una de las explicaciones para que esto se produzca, es la antigüedad en una parte importante de las viviendas. La ciudad de Segovia, como la más grande de la provincia, es un buen ejemplo de ello. La época del ‘boom’ del ladrillo se vivió en la capital, como en gran parte del país, durante la década de 1970, en la que se construyeron hasta 5.824 viviendas según la Junta de Castilla y León. Una parte importante del parque inmobiliario de la ciudad tiene por tanto entre 40 y 50 años, por lo que en muchas ocasiones y si no se han realizado obras de importancia en décadas posteriores, el consumo de energía en esas viviendas será mayor que en otras posteriores. A esto se suma además que las viviendas construidas en esa época, no disponen de aislamiento o el que tienen es poco eficiente, aumentando así el consumo.
Desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia (COAAT), aseguran que “los profesionales de la Arquitectura Técnica, tienen un convencimiento total de la necesidad de impulsar la rehabilitación del parque de viviendas construido, además de por la necesidad de mejorar su eficiencia energética, por otras muchas razones relacionadas con el propio estado de conservación y seguridad, la salubridad de los edificios y su influencia en los habitantes incluyendo la necesidad de conseguir la accesibilidad universal en la totalidad del parque inmobiliario.
Además, la rehabilitación energética del parque edificado, supone la revalorización del inmueble en el mercado, y aportará un ahorro directo en la factura de la calefacción y de la electricidad, por lo que siempre es una buena opción”.
En busca de las cero emisiones
Según Ignacio Esteban,del Área Técnica y Control de Visados DEL COAAT, “las directivas europeas en los próximos años pretenden fomentar la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de lograr un parque inmobiliario de cero emisiones a más tardar en 2050, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores, las particularidades locales, las exigencias de calidad ambiental interior y la relación coste-eficacia.
Esta Directiva va a provocar también un reescalado en la calificación energética de edificios, un cambio en el sistema de clasificación de la etiqueta energética, como ocurre para productos en la Unión Europea que comenzó a implementarse de manera escalonada desde 2021”.
Los edificios de cero emisiones (ZEB) marcan el nuevo estándar hacia el cual se orientará el futuro parque edificatorio en la Comunidad europea y por extensión, en España. Este estándar será definido por cada Estado Miembro y mejora el modelo definido para los edificios de consumo energético casi nulo (nZEB) que es el imperante actualmente. Para 2030, todos los edificios deberán ajustarse a los requisitos ZEB y dos años antes, en 2028, deberán hacerlo las Administraciones Públicas.
Las viviendas ZEB se caracterizan por no podrán generar emisiones de gases de efecto invernadero ‘in situ’ asociadas a combustibles fósiles. Su demanda energética deberá ajustarse a un umbral máximo fijado por el Estado Miembro, aunque éste deberá encontrarse, como mínimo un 10 por ciento por debajo, del fijado para los nZEB a mayo de 2024. Para fijar este límite, se podrá distinguir entre edificios nuevos y renovados.
El uso anual total de energía primaria de los ZEB deberá quedar cubierto por energía procedente de fuentes renovables generadas ‘in situ’ o en las proximidades, energía procedente de fuentes renovables procedente de una comunidad de energías renovables, energía procedente de un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración o energía procedente de fuentes libres de carbono. Además, cuando sea viable, los edificios de cero emisiones deberán contar con la capacidad de reaccionar ante señales externas y adaptar su consumo, generación o almacenamiento de energía.
El sistema existente de Certificación de Eficiencia Energética en Edificios deberá adaptarse a la nueva escala comunitaria (de la ‘A’ a la ‘G’), que será el estándar para todos los países de la Unión Europea a partir del 29 de mayo de 2026.
Según la normativa europea, cada país deberá crear una base de datos nacional sobre eficiencia energética en edificios, que no solo recopile datos de los edificios a nivel individual, sino también de la eficiencia global del parque inmobiliario nacional. Los datos agregados y anonimizados del parque inmobiliario nacional serán de acceso público, respetando la normativa nacional y de la Unión relativa a protección de datos. Los dueños de los edificios podrán acceder, de forma fácil y gratuita, a toda la información relacionada con eficiencia energética disponible de su edificio: certificado de eficiencia energética, consumo anual, informes de inspección, pasaportes de renovación e indicadores, entre otros. Bajo la autorización del dueño, los posibles compradores o arrendatarios del edificio podrán acceder a parte de esta información. Igualmente, se deberá asegurar el acceso autorizado a las entidades financieras en lo que respecta a los edificios en su cartera de inversión.
