La nueva ley de crédito inmobiliario entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los 30 días de su publicación, al avalar el Congreso ayer la enmienda del Senado que daba más margen a las entidades financieras para adaptarse a la legislación.
Este cambio, que se votó ayer en el Pleno del Congreso junto al resto de enmiendas introducidas por el Senado en la ley, ha sido respaldado por PP, Cs, PDeCAT, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria se opusieron, sin éxito, a la enmienda.
De esta forma, la nueva ley de crédito inmobiliario, que fue aprobada definitivamente por el Congreso y quedó lista para su publicación en el BOE tras este último trámite parlamentario, no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo, una vez que el plazo máximo para trasponer esta directiva europea expirara hace ya tres años, en marzo de 2016.
Sin embargo, el Congreso sí que ha rechazado la propuesta del PP para condicionar la entrada en vigor de las nuevas condiciones de transparencia material (entre ellas el nuevo reparto de gastos) a un desarrollo reglamentario.
Por otro lado, el Congreso también revertió otros cambios introducidos por el PP en la Cámara Alta, como dejar en cero el tipo impositivo del IAJD, el conocido como impuesto hipotecario, y la regulación de un ‘crédito verde’ para fomentar las inversiones de eficiencia energética y la utilización de energía renovable en edificios.
El Congreso recuperó las comisiones por amortización anticipada en las hipotecas a tipo fijo, que el PP duplicó en el Senado. La nueva ley fija un límite máximo a estas comisiones del 2% en los diez primeros años de vigencia del crédito y de un 1,5% a partir de entonces.
Una modificación de la Cámara Alta que sí que se mantiene es la que afecta al carácter retroactivo de la ley en lo que respecta a aquellas hipotecas con cláusulas de vencimiento anticipado, donde se regulan las condiciones de ejecución del crédito (paso previo a un desahucio).
La ley finalmente establece que los consumidores con hipotecas que contengan estas cláusulas deberán decidir qué régimen le resulta más favorable y, por tanto, si se acoge a la nueva ley hipotecaria o al vigente en la firma del contrato.
Con las votaciones de este jueves en el Congreso, se pone fin así a un trámite parlamentario iniciado por el entonces ministro ‘popular’ Luis de Guindos, que aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley en el mes de noviembre de 2017.
Sin embargo, el grueso de la tramitación parlamentaria se produjo ya bajo el Gobierno del PSOE, que trató, sin éxito, un paso acelerado de la ley por el Congreso por la vía de urgencia, y debió negociarla con el resto de fuerzas. Finalmente, la ley se aprobó en el Congreso con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, y los votos en contra de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu.
