La banca admitió hasta junio 530.370 reclamaciones de clientes que suscribieron una hipoteca con cláusulas suelo abusivas, esto es, un 44,3% del total, según los últimos datos de la Comisión de Seguimiento, que cifra en torno a 4.518 euros la cuantía media desembolsada a cada afectado.
Al importe total reintegrado hasta esa fecha han de sumarse otros 72,8 millones de euros correspondientes a 25.716 expedientes ya estimados, aunque pendientes de respuesta, tal como se desprende de la información que recoge el Ministerio de Economía y Empresa.
El número de reclamaciones registradas a cierre del sexto mes del año se situó en 1.198.283, de las cuales 416.078, el 34,7%, fueron inadmitidas, bien porque no existía cláusula suelo (178.317, el 42,8%), porque el reclamante no era consumidor (48.857, el 11,7%), o por otras razones, como la existencia previa de procedimientos judiciales (188.908, el 45,4%).
Asimismo, las entidades desestimaron otro 19,6% (234.658) tras comprobar que la cláusula cumplía con los requisitos de transparencia, mientras que apenas el 0,97% (11.645) concluyó con el desestimiento del cliente.
De los 2.242,2 millones de euros desembolsados por los bancos, 1.864,6 millones fueron en efectivo; 247,4 millones a través de diversas medidas compensatorias; y 130,1 millones, por medio de fórmulas mixtas.
Por su parte, la tasa de solicitudes estimadas que concluyeron sin acuerdo se mantuvo nuevamente en el 1,6%; en total, representaban una cuantía cercana a los 39,7 millones.
La Comisión de Seguimiento se integra dentro de los planes del real decreto-ley habilitado a comienzos de 2017 para que 1,5 millones de hipotecados con estas cláusulas pudieran recuperar sus ahorros sin necesidad de acudir a los tribunales, sin coste alguno y en tiempo mínimo.
Aunque la frecuencia de entrada de estas reclamaciones extrajudiciales es cada vez menor, las principales entidades del país continúan reservando en sus cuentas una partida para posibles compensaciones a los hipotecados con “suelos” abusivos.
Ejemplo de ello lo constituye el Banco Santander, que en su informe financiero del primer semestre del presente año reconoce que “está expuesto a un número importante de estas operaciones” como consecuencia de la integración del Popular, uno de los bancos que registraron mayor incidencia de dichas cláusulas.
“Tras la compra, el grupo Santander utilizó provisiones por importe de 396 millones de euros (238 millones en 2017, 119 millones en 2018 y 39 millones en los seis primeros meses de 2019)”, apunta el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que concluye que, a 30 de junio, el colchón en esta materia ascendía a 85 millones de euros.
Mientras que el Sabadell, también golpeado por las cláusulas suelo, cerró el pasado diciembre con 110 millones de euros en provisiones, como consta en su plan de pagarés para 2019.
A tenor de sus propios cálculos, el banco que preside Josep Oliu prevé una “máxima contingencia de 505 millones de euros” en un escenario “remoto” de reclamaciones, si bien aclara que el importe final del desembolso y el calendario de pagos es incierto.
Al margen de este mecanismo, otros afectados prosiguen su recorrido en los juzgados especializados en materia hipotecaria, los cuales han dictado un 96,73% de sentencias a favor de los clientes por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas multidivisa, desde su entrada en funcionamiento hasta finales de marzo.
