La Asociación Andaluza de Estudios Penales, con sede en Granada, retiró ayer su personación como acusación popular en la causa penal contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz, en Níjar (Almería), si bien se mantiene como parte la asociación ‘Clara Campoamor’.
El juez instructor Rafael Soriano aceptó la personación de ambas entidades al entender que, de acuerdo a los estatutos de ambas entidades aportados, que concurría “interés en la defensa del menor” y remarco su especialización en asuntos penales.
La retirada de esta asociación del procedimiento que se sigue por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó después de que la madre del menor, Patricia Ramírez, se pronunciase al respecto para reclamar que se proteja la imagen de su hijo.
Invasión
En un vídeo hecho público el pasado lunes aseguró que esta situación les había resultado “un poco invasiva” porque ninguna de las entidades “se han puesto en contacto” con ellos para hacerles llegar “su intención de participar en el proceso” así como tampoco con su representante legal, el letrado Francisco Torres, quien “representa nuestros intereses y los de Gabriel” y quien “va a respetar la forma que hemos tenido de proceder desde que el trágico proceso se desarrolló”, según dijo.
“Difícilmente nos podamos sentir representados por estas dos iniciativas desconociendo además cuáles son sus intenciones o su posicionamiento”, indicó Patricia, para quien “si hubieran pretendido ayudarnos, la vía esperable hubiese sido comunicarse con nosotros y con nuestro abogado” antes de solicitar su entrada en el procedimiento que se sigue contra la autora confesa del crimen de Gabriel Cruz.
La madre del menor trasladó su “preocupación” por que la aceptación de estas peticiones de acusación popular puedan hacer que “se dilate aún más el juicio en el tiempo” o que incluso llegue a “entorpecer la línea de acusación” así como que “puedan hacerse públicos debates sobre aspectos” que “ya no resultan relevantes tras la pérdida de Gabriel”. “Nos encontramos bien representados por la Fiscalía y la acusación particular”, destacó.
Patricia Ramírez explicó que se siente “atormentada” ante la imagen de su pequeño, y que por ello se siente en el “derecho y obligación” de protegerla “de noticias que puedan perturbar, manchar, doler o reflejar la atrocidad por la que tuvo que pasar y marcharse antes de tiempo”.
Juicio justo
Así, aunque agradeció la iniciativa de ambas entidades, les pidió que “por favor, que se retiren y nos dejen actuar de la mejor forma” que “será la que consiga un juicio justo y una sentencia que esté acorde con la atrocidad cometida” ante un procedimiento por una “atrocidad sin sentido” que prevé “duro” y en el que se tendrá que hacer frente “a la sinrazón, la impotencia y el desgarro”, pero en el que confía.
Por su parte, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, defendió la “responsabilidad” con la que actúa la entidad a la que representa en defensa “de todos los menores por igual” después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería aceptase su personación acusación popular.
Trasladó, en esta línea, su “respeto” ante el pronunciamiento de la madre del menor si bien ha recalcó el “compromiso” adoptado en sus estatutos en defensa de los menores.
Ruiz aseguró que la madre de Gabriel puede estar “tranquila” en relación a la protección de la imagen del pequeño, ya que “la asociación nunca va a dar información judicial y no dice nada de ella” en el ámbito público puesto que “lo que hace es trabajar sobre el papel y sobre la causa”, según ha dicho antes de incidir en que su misión no es compartir el procedimiento. “Nunca hemos dado ni una autopsia, ni de broma”, apostilló.
