La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) abogó por un programa de rentas mínimas compatible con trabajar y que se introduzca gradualmente, en tres años, lo que supondría una décima más de déficit estructural cada año, “cuya compensación con otras medidas resulta factible”.
En el informe para evaluar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos propuesta por CCOO y UGT, la AIReF planteó dos ejemplos de modelo de renta mínima enfocados a reducir la pobreza severa con un coste fiscal de unos 5.500 millones, que podría rebajarse en unos 2.000 millones al eliminar duplicidades con otros programas de protección existentes.
Esto supondría reducir entre 4.300 millones y 1.700 millones el coste de la propuesta sindical —cuantificada entre 7.200 y 9.800 millones— y evitar hasta otros 2.600 millones adicionales de coste en “crisis graves y prolongadas” por el efecto llamada que, a su juicio, evita eliminar el requisito de estar desempleado.
La AIReF, que emplazó a tomar la decisión de implantar esta medida al “ámbito democrático”, insistió en que se trata de un coste fiscal “significativo” que debe enmarcarse en el contexto de déficit español y contar con una estructura de financiación.
“Cuando se toma una decisión de este tipo, la financiación debe asegurarse a medio plazo para que no se convierta en contracíclica”, señalan fuentes de la Autoridad Fiscal.
Junto al menor coste, el organismo también destacó que sus alternativas reducen en mayor medida el porcentaje de pobreza extrema en España, que se sitúa actualmente en el 6,9%, la segunda mayor tasa de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía.
El umbral de pobreza severa se define como la renta por debajo del 30% de la mediana del país, lo que en España, con cifras de 2017, queda en 355 euros al mes para un hogar de un individuo y 746 euros para uno con dos adultos y dos niños. En total, afecta a unos 3 millones de hogares españoles.
Eliminar duplicidades
Para poner el foco en estas situaciones, la AIReF establece la renta del hogar como requisito principal para el acceso a esta prestación y propone eliminar el solapamiento con la de otras administraciones (autonómicas o locales), si bien permite que puedan complementarla.
“Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad”, incluye el informe, que alerta de la fuerte disparidad de programas entre regiones.
En concreto, la AIReF señala que sus alternativas beneficiarían a 1,8 millones de hogares, por encima de los 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CCOO y reducirían más la pobreza extrema.
Las dos propuestas establecen ayudas por adulto de hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) —unos 430 euros mensuales teniendo en cuenta que este indicador sigue en 537,84 euros brutos anuales— a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres.
Sus alternativas presentan mejores resultados en reducción de la pobreza severa, entre un 50 y un 60%, frente al 27,7% de la ILP.
