Los 14.000 millones de euros que las Administraciones Públicas conceden anualmente en subvenciones cumplen con la legalidad exigible, pero no están sujetos a la rendición de cuentas ni a los reintegros y sanciones previstos en caso de mal uso, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La AIReF ha detectado una clara falta de vinculación y descoordinación entre las políticas públicas, los planes sectoriales, la programación presupuestaria y la planificación estratégica de las subvenciones, de acuerdo con el primer estudio publicado ayer dentro del proceso de revisión integral del gasto público (‘Spending Review’) que la entidad está llevando a cabo.
Este primer informe se centra en las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen una cuantía de alrededor de 14.000 millones anuales, de acuerdo con la base de datos nacional de subvenciones, de los que en torno a 10.000 millones son concedidos por las comunidades autónomas.
Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, la principal conclusión del informe es la carencia de una evaluación de resultados conforme a criterios de eficacia y eficiencia, y la existencia de una fiscalización que no va más allá de un control legal y contable, en el que parece sólo importar quién gestiona la subvención.
Fuentes de la AIReF explican que no cabe decir que exista “un descontrol” en las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el “recorrido” desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.
Respecto al mal uso de las subvenciones, aseguran que el problema es que no existe una cultura sancionadora como la que hay en el ámbito tributario, en el que se ejecutan las sanciones impuestas y se aplican intereses de demora. En el marco de las subvenciones, aunque las sanciones están previstas por ley, con mucha frecuencia los procedimientos caducan y las multas nunca llegan a cobrarse.
“La ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones”, subrayan desde la AIReF.
Frente a esta situación, la Autoridad propone una reforma de la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar su ámbito de aplicación, dado que con una definición más amplia de las subvenciones (salida de fondos sin contraprestación directa) se podría estar hablando de un importe de 30.000 millones anuales.
También reclama simplificar las cargas administrativas, mejorar la regulación de las subvenciones de concesión directa y establecer un sistema de información e indicadores integrado en el propio proceso de gestión que permita una evaluación continua de los resultados.
Mejor coordinación
Asimismo, aboga por una mejora de la coordinación entre administraciones, tras concluir que las Conferencias Sectoriales suman un número muy elevado, se reúnen poco y tienen un enfoque muy centralista y parcial, que se limita al reparto de fondos de la Administración.
El estudio pone como ejemplo la Conferencia Sectorial de Vivienda, una de las que más fondos reparte entre las comunidades, cuyos objetivos de reparto se fijaron en 1992 y permanecen inamovibles, sin que se conozcan los criterios con los que se establecieron.
Según la AIReF, las Comunidades Autónomas presentan en general una mejor planificación estratégica que la Administración Central, aunque no están por delante en lo referente a la rendición de cuentas, salvo unas pocas autonomías como Murcia, Navarra y Cataluña.
