Apenas veinte días lleva en vigor la Ordenanza municipal reguladora de carteles anunciadores instalados en la vía pública en el casco histórico. Desde el pasado 7 de agosto está prohibido colocar elementos publicitarios en la calle —fuera del espacio reservado para las terrazas y veladores de bares y restaurantes— en la zona de influencia de la normativa: el recinto amurallado, la zona del Acueducto y su entorno, la avenida del Acueducto y la calle Cervantes, las calles San Francisco y Muerte y Vida, la travesía Doctor Sancho y Marqués de Mondéjar y las vías Gobernador Fernández Jiménez e Hilanderas.
Y durante este tiempo, la Policía Local ha realizado 98 avisos, la mayoría de ellos en la primera semana, para dar a conocer a establecimientos hosteleros y negocios la entrada en vigor de la ordenanza; y dos denuncias. Asimismo, ha retirado un cartel ante la insistencia del local de colocarlo en la calle, según los datos proporcionados por el alcalde accidental, Andrés Torquemada.
Sobre si se relajará la aplicación de la normativa municipal, Torquemada aseguró que no, ya que “la norma ha sido aprobada, ha salido adelante y las normas están para cumplirlas. Ha entrado en vigor, está en marcha, y todos aquellos que sean objeto de la misma deben cumplirla”.
Andrés Torquemada: «Hoy en día el Ayuntamiento va a velar por el cumplimiento de la normativa de cartelería (…) Hubo un margen antes de ser estrictos»
Es más, añadió que “ha habido un primer periodo de advertencia, de personarse in situ… para que toda la gente tuviera constancia y conocimiento de que se había puesto en marcha y había una cierta flexibilidad, así que la Policía Local daba un aviso. Hubo un margen antes de ser estrictos con la aplicación de la norma”, cuyo cumplimiento se observa ya sin miramientos.
HOSTELEROS Al mismo tiempo que Andrés Torquemada hacía estas declaraciones en el Ayuntamiento, en la sede de la FES se reunía la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) para analizar la situación del sector así como las últimas medidas impulsadas desde el Ayuntamiento de Segovia.
Tras el encuentro, desde la Agrupación aseguraron que hay “malestar” entre los hosteleros, ya que, a su juicio, “se está perjudicando gravemente al sector, uno de los que mayor aportación realiza al PIB y al empleo provincial”.
Criticaron la “desproporcionada subida, de más del 400%” en la tasa de las terrazas, “que se viene a sumar a otros incrementos como en basura o agua, lo que supone un aumento en ocasiones insoportable de la presión fiscal sobre estos negocios”.
Además, en los últimos tiempos los hosteleros observan “cómo se presentan muy a menudo en sus establecimientos agentes de la Policía Local para contar mesas y sillas —un aspecto que no está contemplado en la actual ordenanza, únicamente el espacio disponible—, una tarea que la AIHS considera poco prioritaria y que genera evidentes molestias entre los clientes, además de una imagen lamentable para una ciudad turística”.
Y a esto se suma la reciente ordenanza de retirada de cartelería que, en su opinión, “perjudica gravemente a los establecimientos que no están en las arterias principales de la ciudad y que necesitan ser vistos y dar un servicio de información a los turistas”.
En este punto cabe recordar el malestar por el hecho de que la AIHS, junto a otros colectivos, presentó una serie de medidas mientras se estaba tramitando la ordenanza, para que la cartelería de los negocios en el centro de la ciudad fuera más acorde con el entorno, no obstaculizara el paso de los transeúntes, se hiciera de forma progresiva, etcétera, “pero el Ayuntamiento las ignoró en su totalidad”.
Ante esta situación, que la Agrupación califica de “poco solidaria y poco comprensible, conociendo lo que representa este sector empresarial en Segovia (motor económico y de generación de empleo, tanto directo como indirecto teniendo en cuenta a los proveedores, comercios…)”, los empresarios de hostelería quieren convocar a todos los sectores afectados, junto a responsables municipales, “con el fin de hacer oír su voz frente a esta situación, que pone en peligro la supervivencia de muchos negocios y por tanto de sus plantillas”. Y es que, aseguraron, su paciencia “se está agotando por la recurrente política de interponer obstáculos a la actividad económica”.
