Las instituciones estimaron el 88,79 por ciento de las resoluciones formuladas por el Procurador del Común en 2024, cuando tramitó 2.273 expedientes, derivados de 2.129 quejas entre individuales (1918) y múltiples (ocho), junto con 144 actuaciones de oficio.
El Procurador del Común, Tomás Quintana, entregó ayer en las Cortes el Informe anual de la institución correspondiente a 2024, que se debatirá en un pleno monográfico el 14 de mayo. Quintana expresó la “satisfacción” por el grado de aceptación de sus resoluciones porque “detrás de cada una de ellas hay un problema que se resuelve”.
El alto comisionado precisó que han recibido 1.918 quejas individuales, cuyo mayor número se concentra en la Administración Local, Fomento y Empleo Público. De este montante, 1.087 se dirigen a las entidades locales y 635 a la administración autonómica.
Así, el Procurador dictó 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no detectarse ninguna irregularidad jurídica y en las otras 1.495 se formularon recomendaciones, recordatorios, sugerencias o deberes legales, con el 88,79 por ciento de aceptación a fecha de 28 de febrero de 2025.
Quintana explicó que el número de quejas tiene una relación directa con los habitantes, excepto en el caso de León, por encima de Valladolid. En cuanto a las quejas relativas al funcionamiento de la Administración autonómica, el mayor número se concentra en Sanidad, seguido de Educación, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Familia e Igualdad de Oportunidades. En cuanto a la Administración local, ocho de cada diez quejas van a los ayuntamientos y en menor medida a diputaciones y entidades locales menores.
Actuaciones de oficio
En 2024 el Procurador del Común tramitó 144 actuaciones de oficio, 47 más que el año anterior, muchas de ellas dirigidas a los municipios, tanto de más de 20.000 habitantes como pequeños, pero también a la administración autonómica.
Quintana de talló algunas de ellas, como el suministro de agua potable para evitar la contaminación por nitratos (93 resoluciones) o que los municipios de más de 5.000 habitantes afronten el control interno de agua junto a la detección de numerosas fugas.
