Kirguizistán comenzó ayer un duelo nacional de tres días en memoria de las víctimas mortales de los choques étnicos que estallaron el viernes pasado -187, según los últimos datos oficiales-, mientras las autoridades de ese país centroasiático aseguran que la situación poco a poco comienza a normalizarse.
«El número de muertos certificados en centros médicos es de 187. Un total de 1.918 personas solicitaron asistencia médica, de las cuales 902 fueron hospitalizadas», señalaba el informe de ayer del Ministerio de Sanidad.
Los choques entre kirguises y uzbekos comenzaron en Osh, la segunda ciudad de Kirguizistán, la madrugada del viernes pasado y luego se propagaron a la vecina Jalal-Abad, pese al estado de excepción y el toque de queda decretados por el Gobierno provisional.
La presidenta interina, Rosa Otunbáyeva, admitió la víspera que el número de víctimas mortales podría ser «varias veces superior» a las cifras oficiales, ya que la tradición local es enterrar inmediatamente a los difuntos sin certificar su muerte en el hospital.
Los enfrentamientos en el sur de Kirguizistán, que se acompañaron de saqueos, violaciones, incendios de viviendas, comercios y automóviles, provocaron la huida de un centenar de miles de ciudadanos kirguises de etnia uzbeka al vecino Uzbekistán.
Según un comunicado del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 90 por ciento de estos refugiados son niños, mujeres y ancianos. Gran parte de ellos han sido alojados en 75 campamentos en la región uzbeka de Andiyán.
La víspera, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Uzbekistán informó de que 83.000 ciudadanos kirguises de etnia uzbeka se habían refugiado ya en ese país, por lo que las autoridades restringieron el ingreso a su territorio, permitiendo solo el de heridos, mujeres y niños. Unicef envió ayer siete camiones con ayuda humanitaria al este de Uzbekistán con tiendas de campaña, ropa, mantas, medicamentos y utensilios de cocina. La víspera, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Ancur) anunció el envío a Uzbekistán de seis aviones de carga Il-76 con 40 toneladas de ayuda humanitaria cada uno desde sus almacenes de emergencias situados en Dubai.
Si bien la situación en el sur de Kirguizistán, considerado el país más pobre de Asia Central, seguía siendo tensa, en algunas lugares se observaban mejoras apreciables, según las autoridades locales. «Hoy (por ayer) abrieron los mercados y se reanudaron los trabajos en el campo», dijo el akim (jefe de la administración) del distrito Bazar-Korgon, Kubat Artíkov. El funcionario agregó que la ayuda humanitaria empezó a llegar a la población y que «la situación en el distrito comienza a estabilizarse».
Entretanto, el jefe militar de la región de Jalal-Abad, Kubatbek Baibólov, anunció la detención de un dirigente del partido Ak-Zhol, del depuesto presidente Kurmanbek Bakíev, actualmente refugiado en Bielorrusia y cuya extradición pide el Gobierno provisional kirguís. «Dentro de muy poco podremos presentar pruebas irrefutables de que detrás de la sangre derramada en el sur de Kirguizistán está el entorno de Kurmanbek Bakíev», sostuvo Baibólov.
Mientras, el Gobierno kirguís emitió una declaración en la acusó a Bakíev y sus allegados de provocar los choques étnicos en el sur del país, donde vive la mayor parte de la importante minoría uzbeka. «La verdadera causa de la tragedia ocurrida es una acción de sabotaje terrorista planeada y ejecutada por representantes del clan expulsado de Kirguizistán», subraya el documento. Las autoridades acusaron a los partidarios de Bakíev de recurrir a «mercenarios y provocadores» para «organizar un conflicto étnico de gran escala» con el fin de poner en jaque al Gobierno provisional e «intentar recuperar el poder».
