A falta de los datos oficiales del escrutinio -que se conocerán dentro de tres o cuatro días-, la presidenta interina kirguís, Rosa Otumbáyeva, dio ayer tarde por aprobada la nueva Constitución, que convierte a Kirguizistán en la primera república parlamentaria de Asia Central. «Hoy es un día histórico, hemos aprobado la nueva Carta Magna», proclamó Otumbáyeva, que, merced al plebiscito popular también convalida su cargo de jefa provisional del Estado.
La votación, insistió la mandataria, transcurrió «sin pucherazos, sin presiones ni abusos de poder».
Tal y como ella misma explicó, los resultados le otorgan «los poderes de presidente del período de transición» y la jefatura del Gobierno.
«De este modo, Kirguizistán recibe unas instituciones legítimas de poder y ya no será un Gobierno provisional, sino legítimo», recalcó.
Otunbáyeva recordó asimismo que próximamente serán convocadas las elecciones al nuevo Parlamento y, ya en otoño, el país contará con todos los «órganos legítimos del poder».
Siempre de acuerdo con los datos preliminares, en el referéndum participó más del 69 por ciento del electorado kirguis y, según se desprende del escrutinio en 49 de los 2319 colegios (2,11 por ciento del electorado), el 68,39 por ciento de la ciudadanía apoya el paso al sistema parlamentario, mientras que solo el 5,06 por ciento se pronunció en contra de suprimir el régimen presidencialista.
Los habitantes de Kirguizistán, república ex soviética de Asia Central que en menos de cinco años derrocó a dos presidentes, parecen pues dejar atrás los graves disturbios étnicos de hace dos semanas, que dejaron casi 300 muertos y ayer acudieron a las urnas los más de 75.000 refugiados que huyeron de los enfrentamientos. Del mismo modo, los casi 300.000 desplazados de sus hogares pudieron votar en los colegios más próximos a su actual paradero.
De hecho, la población uzbeka, principal víctima de los recientes enfrentamientos, participó con especial entusiasmo en el plebiscito. «La gente deposita su papeleta con la esperanza de evitar la repetición de lo ocurrido y de restablecer cuanto antes el orden legal», declararon los portavoces de la diáspora uzbeka de las regiones de Jalal-Abad y Osh, donde constituyen una parte importante de la población.
No obstante, pese a la aparente calma, la situación sigue siendo tensa y Otunbáyeva ya anunció que el toque de queda será restablecido y regirá hasta el 10 de agosto. Además, tanto en el sur del país como en la capital se tomaron medidas especiales de seguridad, a cargo de unos 8.000 policías, 7.500 milicianos y unos 2.000 militares, encargados de proteger el referendo.
En contraste con la sensación de tranquilidad que quiso transmitir la presidenta, los partidos de la oposición al Gobierno Provisional cuestionaron la alta participación. «Dudo mucho de que los datos de la Comisión Electoral Central (CIC) se correspondan con la realidad», declaró el líder del partido «Kirguizistán Unido», Adaján Mamurádov. Hasta la revuelta popular que en abril pasado derrocó al presidente Kurmanbek Bakíev, refugiado en Bielorrusia, Mamurádov encabezaba el poderoso Consejo de Seguridad.
Cabe recordar que también Bakíev llegó al poder como resultado de una revuelta en marzo de 2005, que obligó al hasta entonces presidente Askar Akáyev a exiliarse en Rusia. Las actuales autoridades acusan a Bakíev y a su clan familiar de haber organizado y financiado las revueltas de mayo pasado y los violentos enfrentamientos étnicos de este mes.
