Los grupos de Junts pel Sí y de la CUP en el Parlament pactaron un preacuerdo de investidura ayer. Así, en el fondo de todo está el dilema de que la CUP acabe apoyando o no a Artur Mas para volver a ser presidente de la Generalitat. En esa línea, la noche de las elecciones generales, la CUP reiteró su rechazo a Mas, mientras que tanto CDC como ERC —integrantes de JxSí— recalcaron una vez más su apoyo al Presidente de la Generalitat. Durante las jornadas del lunes y ayer se intensificaron las reuniones de los dos grupos parlamentarios en la cámara catalana para avanzar en la negociación, teniendo en cuenta que el 10 de enero expira el plazo para un acuerdo. Si, finalmente no se llegase a un entendimiento, sería necesario convocar de nuevo elecciones.
La CUP reclamaba hacía días llegar al fondo de las negociaciones precisamente el día 22, antes de someter el pacto a votación de su Asamblea General el día 27. Sin embargo, el diputado de la formación en el Parlament, Albert Botran, afirmó que los diputados de la CUP “no acostumbran a votar” en las Assemblees Nacionals que la formación convoca para tomar una decisión de calado, y en la del domingo tampoco lo harán, sino que sólo explicarán el documento y las conversaciones con JxSí.
Botran explicó cómo se llevaron las conversaciones con JxSí para acercar posiciones en favor de una investidura, que llevaron a que JxSí plantee una propuesta a la CUP, que Botran sólo valoró “es un documento de aproximación de JxSí a nuestro documento ‘Fil a la Agulla’. En ese sentido, si la Asamblea vota a favor de la investidura, el Consell Polític de la CUP deberá dar forma parlamentaria a esta decisión, lo cual no se podría hacer el mismo día, pero sí “con la máxima urgencia posible”. Además, no descartan que JxSí proponga un candidato alternativo en caso de que los militantes den la espalda a la investidura de Artur Mas, aunque lo ven como una posibilidad remota porque “no la han hecho hasta ahora”.
La oferta que para alcanzar un acuerdo incluye un plan de choque social con unas partidas presupuestarias para llevarlo a cabo. El documento prevé que se construyan estructuras de Estado y un marco legal que garantice que la transición a la independencia se haga “con todas las garantías jurídicas”, y recalca el compromiso democrático del acuerdo, cuyo fin es ampliar la base social que de apoyo al proceso.
