La Junta de Castilla y León y el Gobierno central sellaron ayer el primer gran acuerdo en España que prevé la conversión del excedente de 30.000 viviendas libres en protegidas, que es la cifra que reúne los requisitos para poder convertirse en VPO y que numerosas familias de la Comunidad puedan acceder a su compra, aspecto que destacaron la titular del Ministro de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera.
El acuerdo fue definido como «ejemplar» por todas las partes, debido al consenso alcanzado entre dos administraciones de distinto color, junto con asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario: «Cuando todos, incluidas administraciones públicas, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino. Estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar», aseguró la ministra, un extremo en el que coincidió con Herrera.
La situación de crisis que afecta a la economía y en concreto al sector inmobiliario ha motivado la celebración de este acuerdo, para compensar el descenso de la demanda en la compra de vivienda nueva y que lleva a un importante número de inmuebles, alrededor de 40.000 en la Comunidad -de las que 30.000 son susceptibles de convertirse en VPO– a estar sin habitar.
Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias podrían acceder a una vivienda y, desde el panorama económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan inmovilizados. Por otra parte, en referencia al empleo, los firmantes consideran que es complicado reactivar un sector como el de la edificación promoviendo obra nueva, en tanto no se movilice el amplio excedente existente.
Asimismo, recordar que se trata de un convenio que se encuadra en el marco del Diálogo Social, cuyos integrantes decidieron establecer el 13 de julio de 2009 los criterios para la conversión de este ‘stock’.
Por ello, en la firma de ayer, que acogió el Centro Miguel Delibes, estaban presentes, además del consejero de Fomento, Antonio Silván; el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto; el de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso; los presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivamente, así como directivos de Banco Santander, La Caixa y el BBVA, responsables del Colegio de Notarios, del Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León.
Compromisos
• Ministerio. Aportará los recursos económicos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas e impulsará la línea ICO- Cobertura de Vivienda protegida, por la que, con cargo a su presupuesto, comparte con bancos y cajas el 50 por ciento del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan.
• Junta. La Junta, a través de la Consejería de Fomento, contribuirá con los recursos económicos necesarios. Realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios y facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.
• Notarios y registradores. Recortarán sus honorarios un 40 por ciento por la formalización e inscripción de la transmisión y los relativos a los préstamos hipotecarios.
«La rehabilitación es el coche eléctrico»
El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso, alabó este convenio y agradeció la implicación a todas las administraciones y entidades integradas en el mismo. Aún así, coincidió con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en que desde el punto de vista empresarial, la rehabilitación de viviendas «es el coche eléctrico de la automoción» y consideró que ese debe ser el eje de la salida del estancamiento que sufre el sector.
Ahí es donde hay que enfocar, según Alonso, a los trabajadores de la construcción, ya que «no saben hacer otra cosa». «No podemos ponerlos a trabajar a hora en I+D+i, y la rehabilitación es un factor muy importante», señaló el presidente de los empresarios constructores, quien instó a los ayuntamientos a llevar a cabo este tipo de actuaciones, después de que la Junta lo haya regulado ya.
También destacó la importancia del sector de la construcción, del que dependen 60 actividades empresariales «que ahora están prácticamente paralizadas». Se estima que unos 600.000 trabajadores de la construcción, según los empresarios, y 300.000 según el Ministerio de Vivienda, se podrían recolocar gracias a la rehabilitación de viviendas, con lo que una parte importante de los 800.000 que se han quedado en la calle con la crisis podría optar de nuevo a su trabajo.
Asimismo, consideró que durante 2010 ya se comenzará a crear empleo. «La situación es desoladora, pero la licitación oficial ha crecido un 30 por ciento en España», dijo Alonso.
Políticos, empresarios y banqueros
Además de los representantes de las administraciones y entidades firmantes, en el acto también estuvieron presentes el delegado del Gobierno en la Comunidad, Miguel Alejo; el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús María Terciado; los presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivamente; la presidente de la Cámara de Contratistas, Isabel de Blas; el procurador del Común, Javier Amoedo y el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, así como representantes de UGT y CCOO, entre otros.
