La luz no subirá este recién comenzado mes de julio, pero el gas y el butano sí lo harán. El cacareado pacto político para dejar a salvo la factura energética ha resultado ser un tan simbólico como ineficaz gesto que no impedirá que se resienta el bolsillo de los 3,2 millones de consumidores domésticos de gas acogidos a la llamada tarifa de último recurso (TUR), que verán cómo su recibo se incrementa, de media, un 6%.
No menos sangrante es la subida de los gases licuados de petróleo envasados, entre los que destaca especialmente la popular bombona de butano, cuyo precio máximo se situará a partir de hoy en 84,4041 céntimos por kilogramo, lo que supone un incremento del 4,7% con respecto a abril. Este ascenso se suma al aplicado en el primer trimestre del año, del 5,7%, y en enero, del 3,4%, y hace que la bombona de butano se haya encarecido nada menos que un 14,4 % en lo que va de año.
La revisión anunciada eleva, una vez incorporados los impuestos, a 12,23 euros el precio de un envase medio, de 12,5 kilogramos, lo que supone un incremento de 0,55 euros con respecto a los 11,68 en vigor hasta el momento.
A este precio habrá que añadir además la subida del IVA que ya hoy es del 18% en lugar del anterior 16.
Esta elevación de precios, especialmente dolorosa en tiempos de crisis como los actuales, con los sueldos de los funcionarios recortados y las pensiones congeladas, afectará a los entre ocho y 10 millones de usuarios del gas butano.
Es reseñable señalar que el encarecimiento se produce a pesar de que el Ministerio de Industria ha constatado un descenso del 0,79 por ciento en los costes de comercialización de los gases licuados del petróleo envasados.
Por lo que respecta al citado gas natural, el sablazo perjudica a los consumidores con tarifa T2, que generalmente emplean el gas para la calefacción, y a los de la T1, que suelen usar este combustible para la cocina o para calentadores de agua y que verán elevada la tarifa en un 7%.
Amén de sus negativos efectos en el poder adquisitivo de los españoles, la subida del gas, que llega apenas unos días después de que el Gobierno acordara con el PP aplazar el alza de la luz previsto para julio (en torno al 4%), ha incomodado todavía más al ya soliviantado sector eléctrico.
Fuentes de diversas empresas de este ramo destacaban con cierta ironía que, en el gas, el Ministerio de Industria sí ha cumplido con la ley, que contempla revisiones cada trimestre, así como tarifas aditivas que recojan la evolución de los precios y la cobertura de costes. Evidentemente, la conclusión de tal razonamiento es obvia y supone que, en el caso del sector eléctrico, el Gobierno, con el apoyo del principal partido de la oposición, ha decidido ignorar la legislación.
