El exregidor de Marbella (Málaga) Julián Muñoz declaró ayer en un juicio, acusado de nuevo por supuestas irregularidades urbanísticas durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) que habrían causado perjuicios a las arcas municipales, y aseguró que hubo “un enfrentamiento de cabezonería entre Jesús Gil —que fue alcalde— y el señor Chaves” —en referencia al expresidente de la Junta de Andalucía— por quién mandaba más.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga comenzó ayer este juicio —que continúa hoy—, en el que además de Muñoz, están acusados el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca —que acude por primera vez en tercer grado—, seis exediles y dos empresarios por convenios firmados entre el Ayuntamiento y tres empresas relacionadas con esos promotores que habrían causado un perjuicio al Consistorio marbellí de al menos 14,3 millones.
Muñoz fue preguntado por el fiscal sobre la dinámica de trabajo en las comisiones de gobierno, en concreto en lo relacionado con la aprobación de convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento y empresarios y sobre la firma de éstos, insistiendo en que lleva “diciendo lo mismo 25 años, con diez de cárcel, que desconozco todos los convenios”. “Me he dedicado a firmar lo que Gil me mandaba”, reiteró.
Así, indicó que él era alcalde accidental cuando Gil y el primer teniente de alcalde, que entonces era Pedro Román, no estaban, señalando que este último estuvo “en todas las comisiones de gobierno y no aparece en ninguna” de las actas. “Al que nunca he visto en esas reuniones era a Roca”, señaló Muñoz, quien apuntó que las relaciones con éste eran “más bien cero”.
“A mí me mandaba Gil”
“A mí no me mandaba el señor Roca, me mandaba Jesús Gil. Todos callábamos, sería por sueldo o por lo que fuera, pero todos callados”, aseveró el exregidor, quien reiteró que “nunca” se reunió con los empresarios de esta causa, que si las comisiones de gobierno resolvieron a favor de algo “era porque los informes venían bien” y que “ningún” técnico municipal o notario le advirtió de ilegalidad, añadiendo que tienen “la mala suerte de que todo lo que era ilícito está muerto”.
Muñoz coincidió con los exediles en que si hubieran visto ilegalidades o les hubieran advertido no habrían dado el visto bueno a esas resoluciones, considerando que fueron “tontos útiles”. “Tontos, todos; útiles, todos”, añadió el exregidor, que se enfrenta en este caso a 13 años de prisión por los delitos de malversación, prevaricación administrativa, fraude y prevaricación urbanística, al igual que Roca.
Los exediles acusados —Rafael González, Alberto García, Marisa Alcalá, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendinez— se mostraron conformes con el delito de prevaricación administrativa, que lleva aparejado pena de inhabilitación para empleo o cargo público, en virtud del acuerdo alcanzado entre defensas y acusaciones, que será expuesto al final del juicio y que supone una modificación de la acusación inicial.
