La polémica a cuenta de las quejas de los dirigentes del PP, que dicen saberse espiados al margen de la ley, alcanzó ayer su punto de ebullición. Cierto es que ni unos ni otros aportaron dato alguno que permita confirmar o desmentir de manera objetiva las sospechas de los populares, pero tampoco cabe duda de que la estrategia del principal partido de la oposición para enturbiar de nuevo las aguas de la política y distraer quizá la atención de otras cuestiones está surtiendo pleno efecto.
Fue así hasta tal punto que las declaraciones de la número dos de Génova, María Dolores Cospedal, quien proclamó la víspera que los teléfonos móviles de dirigentes conservadores al margen de cualquier sumario están pinchados, merecieron la atención de casi todos.
Especialmente relevante, aunque magra, fue la reacción de Rodríguez Zapatero, quien exigió al PP «sentido de la responsabilidad»
Bastante más airados fueron los comentarios del PSOE como partido, al instar a Cospedal a que acuda de inmediato a los tribunales para denunciar las presuntas escuchas de las que serían objeto ella misma y el ex ministro de Defensa Federico Trillo o que «abandone la política».
Al margen de la vertiente procesal del asunto, el líder del PSPV, Jorge Alarte, quiso darle dimensión conspirativa a la polémica y acusó al líder conservador, Mariano Rajoy, y al presidente valenciano, Francisco Camps, de ser capaces de decir «cualquier cosa para obviar el vendaval de corrupción que asuela al PP».
Tampoco se mostraron nada satisfechos los policías ni los jueces, puesto que, de manera más o menos indirecta, sobre ambos estamentos recaería en última instancia la responsabilidad de la intromisión en las comunicaciones de los dirigentes populares.
Desde la Justicia, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, insistió en que el PP debería «poner en manos de los tribunales cualquier duda que exista». «Yo respondo por todos los jueces de España, que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que se puedan haber efectuado, siempre son bajo el control de los magistrados», sostuvo.
Las asociaciones de togados también reclamaron a Cospedal que pruebe de manera formal las acusaciones presentando una denuncia o que rectifique.
A juicio del portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, hablar ante los micrófonos de un tema tan importante «es una denuncia absolutamente gratuita que mancha a una institución del Estado».
También respondieron los policías, para, a través de sus sindicatos, negar la participación de cualquiera de los agentes en escuchas telefónicas ilegales.
Más allá de las declaraciones no se produjo ninguna novedad en el caso, puesto que los populares no quisieron aclarar qué pruebas les llevan a la certeza de estar siendo espiados, y se limitaron a insistir en que está «comprobado» que Trillo tiene el teléfono «pinchado».
Así, se remitieron a noticias publicadas el pasado fin de semana que informaban de que el antiguo responsable de Denfensa habría presionado al magistrado del Tribunal Superior valenciano Juan Montero para asegurarse de que el auto que archivó la rama levantina del caso Gürtel no resultara perjudicial para el presidente regional.
Según fuentes de Génova, las conversaciones que mantuvo Trillo no fueron con el juez Montero, sino con el abogado Montero, que «lleva los pleitos» del PP en Madrid, incluida la trama dirigida por Francisco Correa.
