El ministro de Justicia, Rafael Catalá, levantó ampollas el lunes entre los jueces y fiscales al afirmar que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, “todos saben” que el juez que dictó un voto particular en el caso de ‘La Manada’, Ricardo González, tiene “algún problema singular” y opinar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar “preventivamente”.
Las declaraciones de Catalá provocó que las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieran su dimisión, al igual que han hecho los jueces y magistrados de Navarra.
Y es que el ministro señaló, que le sorprende, “sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado”, apostilló.
Al respecto destacó que el Consejo General del Poder Judicial “tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial” y opinó que “el Consejo tenía que haber actuado preventivamente”.
No se trata, según matizó, de decirle al CGPJ “que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular”, algo que hace “en ejercicio de sus funciones”, pero sí de recordar que “la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera” y “en eso el Consejo tiene una responsabilidad”.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Sin embargo y según informa el CGPJ, en el actual mandato del consejo de gobierno no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra el magistrado.
Catalá afirmó que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y incidió en que “la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades”. “Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema”, añadió.
Además, Catalá criticó el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal.
“Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad”, reiteró.
En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá explicó que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino “adaptar” la legislación a la realidad social. “Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos”, apuntó.
DECLARACIÓN “INTOLERABLE”
Tras estas declaraciones, las asociaciones de jueces y fiscales pidieron ayer la dimisión del ministro de Justicia, tildándolas de “irresponsables” e “intolerables”.
Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firmaron un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones sembró públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
“La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, reza el comunicado.
En su nota exponen que el “verdadero peligro” es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la “confusión intencionada” de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, “respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”.
“Hoy es por el juicio de ‘La Manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno”, señalan. También los jueces y magistrados de Navarra pidieron la “inmediata dimisión” del ministro, una actitud la del ministro que consideran “especialmente escandalosa”.
