El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el acto de entrega del Premio de Economía Infanta Cristina, lanzó ayer varias reflexiones sobre la gestión de la hacienda pública y recordó que Castilla y León es la cuarta Comunidad Autónoma menos endeudada, por lo que calificó de injusto culpar al modelo autonómico del aumento del déficit nacional.
Herrera indicó que Castilla y León ha renunciado, entre otras competencias, a desarrollar medios de comunicación públicos autonómicos, a disponer de una policía autonómica, o a establecer delegaciones de naturaleza política en el exterior.
Por ese motivo, el presidente regional reiteró que “la contención de déficit no debe pasar, por tanto, por la puesta en cuestión del modelo de estado… Valorar todo el modelo territorial por unas actuaciones concretas que no son predicables del conjunto de las Autonomías, es tanto como confundir el bosque con los árboles”.
Aunque reconoció que hay ejemplos de exceso en otros gobiernos de comunidades autónomas, sin citarlas, recalcó que “en Castilla y León decidimos no agotar, en los últimos ocho años, los límites del endeudamiento autorizados: Si lo hubiéramos hecho nuestra deuda sería hoy un 45% mayor”.
Tras anunciar que esa política de austeridad continuará, acentuada, en los presupuestos de la Comunidad para 2011, aseguró que estos garantizarán “la prestación y la calidad de los grandes servicios públicos que tenemos encomendados: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y atención a las personas dependientes, discapacitadas o en riesgo de exclusión”.
Hizo referencia también a la necesidad de cambiar el modelo productivo desde el diálogo social y se mostró poco partidario de aumentar la carga impositiva de las familias. “En Castilla y León no apostamos por ello”, sostuvo, y recordó que para 2011 la Comunidad ha fortalecido y ampliado el marco de sus beneficios fiscales, con una estimación de 320.000 posibles beneficiarios.
También reivindicó un marco nacional de política fiscal “estable, fiable, riguroso, armonizado, no sujeto a privilegios ni blindajes particulares, y orientado a la consecución de objetivos de competitividad y empleo”.
