Resina, resina… Se habla mucho de la resina últimamente. ¿Qué ha pasado para que este sector sufriera un impulso en la última década, aproximadamente?
Yo diría que se habla desde que presentamos el proyecto de reactivación de la resina en mi programa electoral para la Alcaldía de Coca; y desde que en 1996 convencimos a la incomparable Loyola de Palacio para que firmara un convenio nacional entre el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León para poner en marcha una gran parcela de experiencias que aplicara el sistema de extracción de pica de corteza estimulada, ZETA, a escala real. Visto lo cual, di otro impulso a mi proyecto: promover junto a otros socios el primer simposio internacional de la resina y presentar en el seno del mismo una noticia impactante para el sector.
Así fue y en el penúltimo día del mismo, mientras estaba hablando al plenario en mi ponencia crítica hacia lo ocurrido en los años 80 con la política nacional resinera, anticipé que el Ayuntamiento de Coca, La Unión Resinera Española y Rincón de la Vega S.A.L. se comprometían a abrir de manera industrial una explotación de 225.000 pinos en Coca por el fallido en las anteriores experiencias del sistema de pica de corteza ZETA, pero ahora estimulado con pasta ZETA. La noticia fue una verdadera bomba y fuimos los promotores tachados de temerarios. El revuelo fue muy fuerte y nos aventuraron un fracaso estrepitoso pues el precio del mercado internacional era el mismo que regía en el momento en que el sector se derrumbó.
¿Qué pasos se han dado en este periodo para volver a colocar a la resina en el puesto que ocupó en la economía provincial hace medio siglo?
Pues lo primero que pusimos en marcha los promotores para que el proyecto no se viniera abajo fue una nueva dependencia organizativa del trabajo. Desde aquel momento el mundo resinero tendría tres agentes principales, y no dos como antes: el fabricante como receptor del producto, el propietario del monte ya no obtendría su beneficio en función de los kilos de resina producidos en el monte, y el resinero sería un agente autónomo, pues hasta 1987 era un empleado del fabricante.
Mediante este “pacto”, el fabricante pondría sobre la mesa un precio fijo de la resina puesta en fábrica para toda la campaña, el propietario forestal arrendaría el pino a un precio fijo, y el resinero se comprometía a trabajar el monte en toda la campaña. Ante este acuerdo, la Junta de Castilla y León que comprensiblemente había vivido el fin de la resina años atrás, vio con recelo las consecuencias de un acuerdo fallido para el monte y nos compelió a firmar un convenio de aplicación para cinco años.
Otro gran logro fue que la superficie de la vieja mata resinera, heredera de 1862, se destruyó para hacer coincidir la mata con la unidad de división de los cuarteles: el tranzón o sub-tramo. Hoy, 18 años después, en la zona 0 del inicio de este proyecto no queda ni un pino sin resinar.
Por otro lado se hizo una fuerte campaña mediática para dar a conocer a la sociedad de nuevo el sector resinero y se realizaron ponencias y conferencias por toda la geografía nacional, lo que ha dado pie a decir que la familia resinera directa está integrada por más de 1.300 individuos, seis fábricas y camino de una séptima.
¿Qué es lo que falta por hacer?, ¿cuáles son las prioridades?
Por hacer… falta todo. Necesitamos producir Derecho en el mundo resinero y derogar lo inservible. Normas jurídicas capaces de crear un sector igualitario en toda la geografía española, al menos en los aspectos más fundamentales de su explotación. Normas jurídicas con rango básico, producidas por la administración forestal nacional que después sean tomadas como base por los gobiernos regionales para adaptar las mismas a cada territorio con sus particularidades, pero derivando todas desde unos principios básicos a cumplir por todos independientemente del lugar donde se encuentren. El Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962 está en la mayor parte derogado y ello deja un gran vacío jurídico no solo en la resina si no en todo el sector forestal. Desde hace varios meses, exactamente desde la aprobación de la Ley de Montes, una comisión estatal trabaja en su elaboración pero la situación de “en funciones” del Gobierno, la imposibilidad por tanto de su negociación territorial (es el Consejo de Ministros el competente para su aprobación) impide resolver con su articulado los problemas a que nos enfrentamos cada día en todo el territorio (…)
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas remitía a la legislación sectorial los contratos especiales, en este caso, los del sector forestal. El vacío que provoca el reglamento de montes hace que tengamos delante problemas como los surgidos por la adjudicación de los lotes resineros de la presente campaña. La normativa actual impide que el resinero trabaje los pinos que sean procedentes de un subarriendo si el subarrendador no da de alta en el régimen general de la Seguridad Social al resinero como trabajador por cuenta del mismo. Sin embargo estamos absolutamente en contra de esta práctica que en su día dio al traste con el sector. El resinero debe ser un trabajador autónomo, un trabajador por cuenta de una empresa, o un cooperativista. Y en todos los casos, preferentemente, ha de estar ligado al medio local donde radica su explotación resinera (…)
