El cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca y otros condenados en el caso ‘Malaya’ decidieron pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC), al considerar que en este proceso se vieron vulnerados sus derechos fundamentales. Para ello, sus representantes legales presentaron ya los correspondientes recursos contra la sentencia.
Hasta ahora son una quincena de condenados los que presentaron dicho recurso, entre ellos se encuentra también la exprimera teniente de alcalde Isabel García Marcos y otros cinco exediles, así como Montserrat Corulla y empresarios como Carlos Sánchez o Jesús Ruiz Casado, de la promotora Aifos.
En dichos escritos se reiteran las vulneraciones que ya se habían puesto de manifiesto en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, según su caso, en los incidentes de nulidad tramitados ante este último órgano, que fueron rechazados en su totalidad mediante un auto.
En el caso de los exconcejales, varios letrados aludieron en sus recursos de amparo al agravamiento de la pena que realizó el Supremo para el delito de cohecho, al cambiar el tipo delictivo. Además, algunas defensas pidieron al propio Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia, ya iniciada por la Sala de la Audiencia de Málaga que juzgó el caso.
El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera de la Audiencia en octubre de 2013, aunque agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía. Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa.
En esos incidentes de nulidad, presentados en el Tribunal Supremo, las defensas señalaban, entre otros argumentos, que se había producido vulneración de derechos fundamentales de sus clientes a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías, así como por haberse aplicado normas penales en redacción y que perjudican a los acusados.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga inició la pasada semana la ejecución de la sentencia del caso ‘Malaya’ y dio a 26 condenados un plazo de 10 días para ingresar en prisión. A otros 18 les requirió el pago de las multas y de las responsabilidades civiles acordadas en su día, tras lo que se decidirá sobre el ingreso o no en la cárcel.
Entre los condenados a los que se les instó a entrar en prisión, que tienen penas superiores a los dos años, se encuentra la exregidora marbellí Marisol Yagüe, García Marcos y otros 11 exediles, así como Pedro Román y empresarios como Carlos Sánchez o José Ávila Rojas. De este grupo, sólo Roca, condenado a 17 años de cárcel, está en la cárcel.
En cuanto a los otros 18 condenados, con penas inferiores o igual a dos años, a los que se les ha requerido el pago de las multas, están el exalcalde Julián Muñoz —también en prisión—, el constructor Rafael Gómez ‘Sandokán’, los tres exreponsables de Aifos, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, entre otros.
