PSOE y Podemos firmaron el 30 de diciembre un documento denominado “Un nuevo acuerdo para España”, que será la hoja de ruta de la llamada “Coalición Progresista”. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se desarrollarán durante la legislatura se elaborarán tomando como base este documento. De ahí que resulte de interés analizar su repercusión sobre la economía y el empleo.
El primer eje del documento pretende consolidar el “crecimiento sostenible” y la creación de “empleo de calidad”, garantizando la “estabilidad financiera y fiscal”, impulsando “transformaciones estructurales”, “modernizando el sistema productivo” y haciendo efectiva la “transición ecológica”. Para ello plantea, como medidas concretas, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, renovadas políticas activas de empleo y la derogación de la Reforma laboral de 2012, revirtiendo la actual prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, restaurando la duración ilimitada de los convenios colectivos, restringiendo las causas del despido, limitando la subcontratación de servicios, haciendo más restrictiva la normativa de contratos de trabajo y controlando la contratación a tiempo parcial, entre otras medidas, que se añaden a la regulación de los horarios y permisos de paternidad. Tal vez al formular estas políticas no se ha tenido en cuenta ni la limitación presupuestaria existente, ni los costes que ello implica para las empresas y, lo que es peor, la rigidez que tales medidas introducirán en el mercado de trabajo, con el consiguiente efecto disuasorio sobre la creación de empleo. No hay que olvidar que pretenden derogar una Reforma laboral que ha impulsado la creación de 3 millones de puestos de trabajo; por lo que previsiblemente esa abolición golpeará al empleo futuro.
Otra de las medidas consiste en subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros (14 pagas), lo que representa un aumento del 33,3%, acumulable al 22,3% del año pasado, y supondrá un aumento del 63,1% desde 735,90 euros del SMI 2018 hasta el año en que se alcancen los 1.200 euros, y también en proporción subirá la base mínima de cotización a la Seguridad Social (SS) y se producirá un efecto arrastre que romperá la actual moderación salarial (y con ello la competitividad), lo que puede reducir sus ventas y exportaciones y, por tanto, la actividad económica y el empleo. Sería loable, de no ser porque la anterior subida destruyó más de 200.000 puestos de trabajo (con datos del INSS), precisamente de personas poco cualificadas, que se han tenido que ir al desempleo o a la economía sumergida, donde no pagan impuestos, ni cotizan, ni devengan derechos para jubilación o desempleo.
En la siguiente línea relativa a Derechos sociales se compendian importantes compromisos de gasto público, si bien no existe una memoria valorada que cuantifique el coste de las medidas. Resalta el compromiso de actualizar las pensiones conforme al IPC real y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, reducción de la “brecha de género” y revisión de las pensiones de viudedad; para el cálculo de la pensión se eliminará el “factor de sostenibilidad” y el “índice de revalorización” establecidos en 2013; se reducirán las bonificaciones de las cotizaciones sociales por creación de empleo y se descargará la Seguridad Social de gastos impropios, pasándoles a los PGE; sin embargo, incluyen “el Ingreso Mínimo Vital como prestación de la SS”, lo que resulta contradictorio. No reformar el sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad futura, aparte de un engaño a las generaciones futuras, parece una huida hacia adelante, que la cruel realidad se encargará de desvanecer. Todo apunta a que el déficit de la SS tendrá que sufragarse con impuestos.
Continuando con las promesas de gasto público, se incrementarán los fondos destinados a educación y becas hasta alcanzar el 5% del PIB (60.000 millones de euros); también se ampliarán las asignaciones a la sanidad de gestión pública directa hasta lograr el 7% del PIB (84.000 millones de euros); los servicios sociales, especialmente atención a la dependencia y la protección al 100% a familias vulnerables, verán aumentada considerablemente su financiación; así mismo se incluye el compromiso del Estado con la ciencia y la inversión en I+D+i; se incrementará la dotación de recursos a vivienda mediante un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, si bien en este apartado lo más relevante es el propósito de limitar las subidas de los alquileres y la sobrerregulación de los alquileres turísticos, lo que supondrá una interferencia distorsionante del mercado, a todas luces contraproducente. Cabe añadir los compromisos sobre políticas feministas (línea 7), reversión de la despoblación (línea 8), actualización del Estado Autonómico (línea 9), donde se incluye un nuevo sistema de financiación de CCAA y EELL, y la línea 11 establece mayores compromisos para el Fondo Estatal de Integración y aportaciones al Desarrollo de terceros países hasta un 0,5% de la Renta Nacional Bruta (6.000 millones de euros).
La línea 3 pretende, para luchar contra el cambio climático, conseguir un objetivo de generación de electricidad con origen 100% renovable en 2050, reformar el mercado eléctrico y bajar la factura para el consumidor y las empresas, introduciendo en el caso del consumidor tarifas progresivas por tramos de consumo, así como un plan de movilidad sostenible, con ayudas al vehículo eléctrico, instalación de puntos de recarga, peajes para las autovías y apoyo al transporte intermodal. De igual modo se pretende racionalizar el uso del agua, regular los regadíos y potenciar el saneamiento. Además se prevé una Ley de Bienestar Animal para animales domésticos y sobre el control de la producción de animales de consumo. Estos propósitos van a suponer costes y rigidez regulatoria a varios sectores económicos.
La línea 4 plantea la revolución digital para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de las personas, mediante la implantación de la tecnología 5G, la formación y alfabetización digital, un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables, la potenciación de la Administración digital más abierta y eficiente y un Plan de Desarrollo Industrial con un horizonte de 2030 para la transición ecológica y descarbonización. Todo eso cuesta mucho dinero, aunque no esté cuantificado.
Para financiar semejante prodigalidad generalizada, la línea 10 denominada de “Justicia Fiscal”, aparte de la siempre mencionada lucha contra el fraude fiscal, plantea un aumento de la progresividad fiscal, basada en implantar una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades de las grandes corporaciones, que se ampliaría al 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos, limitación de las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, mejoras en la fiscalidad de las PYMES, incremento del IRPF de dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos en la parte que excedan de más de 300.000 euros, aumento en la fiscalidad de las rentas de capital y grandes fortunas, impuesto sobre determinados servicios digitales, impuesto sobre transacciones financieras, nueva fiscalidad verde (gasóleo y combustibles) y tipo de gravamen del 15% sobre beneficios no distribuidos a las Socimis. A lo que se añade el incremento de las cotizaciones sociales derivado del aumento del SMI y del resto de los salarios, sistema de cotización a los autónomos por sus ingresos reales (supondrá un incremento relevante), la fiscalidad ¿con perspectiva de género? y la propuesta a nivel de la UE de un impuesto sobre el CO2 en frontera.
A la vista de estas propuestas de mayores gastos e inversiones y de las medidas fiscales que no alcanzarían la recaudación suficiente para financiarlos, parece imposible que nuestro país pueda cumplir con los objetivos de estabilidad financiera. Un reciente estudio elaborado por un ex presidente del INE cifra para el año 2020 la subida del déficit y, por ende, de la deuda pública, en 12.000 millones de euros adicionales, con lo cual el déficit se situaría en torno al 3,2% sobre el PIB, lo que supondría incumplir el compromiso contraído con la UE de no superar el 1,1% y regresar al sistema de control especial de Bruselas (vigente entre 2009 y 2018), así como vulnerar el artículo 135 de la Constitución.
En definitiva, el Acuerdo de la autodenominada “Coalición Progresista” resulta peligroso para la economía y el empleo, además de ser negativo para España en casi todos los aspectos, por propuestas no analizadas aquí pero contenidas en el mismo. Y ello sin entrar en consideraciones acerca de los efectos nocivos de los pactos realizados con los separatistas catalanes, nacionalistas vascos y otras fuerzas que apoyaron la investidura con contrapartidas importantes, que podrían ser objeto de un análisis aparte.
