La pandemia covid19 no solo ha segado la vida de más de 48.000 personas, sino que ha dejado a la economía española en estado ruinoso y posiblemente el paro alcance cifras récord. Afortunadamente, Europa existe y en la última cumbre se han alcanzado acuerdos entre los 27 que demuestran que la Unión permanece vital y que existe solidaridad “bien entendida”. De los 750.000 millones del Fondo de Recuperación, en torno a 140.000, a mitades subvenciones y préstamos, podrán venir a enderezar nuestra maltrecha economía, siempre que se cumplan las condiciones pactadas, lo cual es una excelente noticia. Ya anteriormente el BCE venía apoyando incondicionalmente a nuestro país con la compra de deuda pública española (a través de una línea de 200.000 millones de euros) y a sus entidades financieras mediante la inyección de créditos. También existe un plan aprobado (SURE+MEDE+BEI) por importe total de 540.000 millones para apoyar a gobiernos mediante el mecanismo de intervención, a trabajadores subvencionando las ayudas por ERTEs y a empresas financiando créditos y avales. Es evidente que la pertenencia de España a la UE ha evitado la bancarrota.
Sin embargo, la euforia en forma de aplausos al ínclito presidente Sánchez el martes en Consejo de Ministros y desde las bancadas de socialistas+comunistas en el Congreso el miércoles pasado, así como las declaraciones triunfalistas del Gobierno, denotan que las izquierdas españolas pretenden “vender la piel del oso antes de cazarlo”. Pero estas ayudas comunitarias están fuertemente condicionadas, ya que su sustanciación se efectuará gradualmente en tres años, según resulten los análisis y decisiones establecidas. Para acceder a estos fondos los países beneficiarios deberán presentar Planes de Inversiones y Reformas concretas, coherentes con el Marco de Recomendaciones de la CE para cada país, que quedarán sujetos al análisis y opinión de los restantes gobiernos europeos, y que finalmente tendrá que decidir la CE por mayoría cualificada. La cláusula incluida en el Acuerdo dice: “La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de la sumisión. Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro necesitará la puntuación más alta de la evaluación”. “La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes”.
El Consejo “recomienda” a España que tome medidas en 2020 y 2021 para: “combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz”. “Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión”, lo que supone un claro condicionante para la política presupuestaria del gobierno, que choca frontalmente con el Acuerdo del Gobierno de coalición. Un tema recurrente que preocupa a la CE es la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones, habiendo decidido el gobierno suprimir las medidas adoptadas anteriormente, lo que disparará el gasto, dificultando corregir el déficit público. “Reforzar la capacidad y resilencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales”, que es una de las finalidades fundamentales de las ayudas.
Recomiendan “respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos (temporal, tiempo parcial, ETT, multipartito o por cuenta propia y económicamente dependiente). Mejorar la cobertura y adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital”. Es decir, profundizar en las reformas laborales en línea con recomendaciones anteriores, lo que contraviene compromisos del gobierno para su derogación.
Otra parte fundamental de las ayudas deberá ir destinada a la recomendación de “asegurar la aplicación efectiva de las medidas destinadas a proporcionar liquidez a las PYMEs y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando los retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”. Esto supone que los proyectos de inversión son finalistas, impidiendo la discrecionalidad gubernamental para utilizar las ayudas.
Por último, CE recomienda “mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente”. Dos asignaturas pendientes, como manifiesta el desbarajuste surgido con la “nueva normalidad” y el desastre en los suministros de material sanitario realizados por el Gobierno, a través de empresas sin experiencia ni capacidad, adquiriendo productos defectuosos y a precios desproporcionados.
Por consiguiente, la llegada gradual y efectiva de las ayudas en tres años requerirá un esfuerzo por parte del Gobierno para diseñar unos Planes de Inversión y Reformas Estructurales, que vayan en la dirección recomendada y sean aprobados por la CE, lo que exigirá un giro copernicano respecto a los propósitos anunciados por el Gobierno PSOE+Podemos.
