El último viernes de mayo pasado, tras numerosos e intensos forcejeos internos dentro del Gobierno de coalición que se autodenominó en su día “progresista” y hoy es el camarote de los Hermanos Marx, por fin se ha aprobado el tantas veces anunciado por unos y por otras “Ingreso Mínimo Vital”. Por el momento, no existe más que la reseña y la pintoresca rueda de prensa ulterior al Consejo de Ministros, ni siquiera el borrador del Decreto Ley que se ha aprobado, si es que existe. Lo que se ha dicho, además de que es la medida social más importante desde la Ley de Dependencia (aquella aprobada por Zapatero, sin consignación presupuestaria, que trasladó el “muerto” a las comunidades autónomas), y que beneficiará a 850.000 familias y 2.300.000 personas con un coste en torno a 3.000 millones de euros anuales, con adeudo al ya sobrecargado presupuesto de la Seguridad Social. Se complementaría la renta de las familias vulnerables, garantizando un mínimo (fundamentado en el importe base de la pensión no contributiva, 5.538€/año), teniendo en cuenta el número de miembros adultos y menores de la unidad familiar, su característica monoparental o no, y el cumplimiento de una serie de requisitos que esperemos se concreten algo más en la normativa; del mínimo garantizado en cada caso se detraerían los ingresos laborales o prestaciones de paro o ERTEs).
En una sociedad democrática y evolucionada en pleno siglo XXI no existe ninguna duda sobre la conveniencia de que todos los ciudadanos tengan una mínima situación de confort que satisfaga las más elementales necesidades del ser humano. Sin embargo, se abre el debate acerca de cuáles deberían ser los mecanismos para lograrlo, sin que ese subsidio produzca efectos no deseables a la sociedad, como, por ejemplo, fomentar el masivo reclutamiento de sus beneficiarios en la economía sumergida o la desincentivación en la población en edad de trabajar para buscar empleo y desempeñarlo; así como cuál sería la forma de financiarlo y hasta qué nivel de ingresos mínimos garantizados se debe llegar. Y ello es así porque, tal y como está planteado, del nivel mínimo se restarán los ingresos salariales y las prestaciones, pero se escaparán las percepciones procedentes de la economía sumergida, que en nuestro país alcanza en torno al 20/24% del PIB. Además, ese subsidio se dará a todo tipo de personas que ni se plantean trabajar como personas ociosas, perroflautas, okupas, maleantes, etc. Sólo se les pide que se apunten en la oficina pública de empleo, pero ni siquiera se les obliga a aceptar los trabajos que les proporcionen.
En cuanto al nivel mínimo al que se quiere llegar, estableciendo como referencia el importe de la pensión no contributiva, basta con coger la calculadora y comprobar que, de ser cierta la información facilitada por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, los 3.000 millones de euros anuales, repartidos entre 850.000 familias ó 2,3 millones de personas, darían como media un subsidio de 294€/mes por familia ó 109€/mes por persona. ¿Resulta, entonces, suficiente la medida aprobada para evitar la pobreza extrema de los más desfavorecidos en nuestro país? Y lo digo porque, cuando el actual ministro de la Seguridad Social ejercía como Director de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, realizó unas estimaciones sobre este subsidio, que, para un millón de personas acogidas, supondría un coste anual recurrente entre 8.750 y 17.000 millones de euros, esta última cifra en caso de crisis graves y prolongadas y teniendo en cuenta el “efecto llamada” de inmigrantes. Sorprendentemente, ahora lo estima en 3 millones de euros anuales, pero ¿será suficiente, a la vista de los cálculos anteriores del ministro cuando decía que era “independiente”?
La nefasta gestión de la pandemia por parte de este Gobierno pretendidamente “progresista” ha provocado una destrucción superlativa del tejido empresarial y del empleo, atisbándose intenciones de avanzar en el cambio de modelo hacia la colectivización de la economía, fracasado en todos los países donde se ha implantado el socialismo real o el comunismo. Hay quien ve en esta medida, como continuación de otras que han dado en denominar “escudo social”, una adormidera para los ciudadanos, en aplicación de la famosa máxima de la “gallina desplumada”, que el camarada comunista Stalin recomendó a sus seguidores y que vamos a comentar a continuación, según la cual todas estas situaciones y medidas perseguirían realmente un cambio de sistema político y económico en la dirección propugnada por el sector podemita-comunista del Gobierno, con esta medida en concreto pretenderían asegurar el voto cautivo de varios millones de personas dependientes de sus subsidios.
El dictador comunista Stalin en una reunión con sus colaboradores solicitó que le trajeran una gallina, a la que agarró fuertemente y, con arduo sufrimiento del animalito, la despojó de todas sus plumas. A continuación, puso a la gallina en el suelo libremente y se alejó de ella, pero en su mano tenía un puñado de trigo. Los presentes, atónitos, contemplaron cómo la gallina desplumada y dolorida corría detrás de Stalin, mientras él soltaba granos de trigo. Stalin dijo a sus acompañantes: “Así de fácil se gobierna a los estúpidos ¿Vieron cómo la gallina me seguía a pesar del dolor que la causé? Así son la mayoría de los pueblos, siguen a sus gobernantes y políticos a pesar del daño que les hagan por el simple hecho de que les den unas migajas para comer”. ¿No estará utilizando nuestro autodenominado “progresista” Gobierno ese “escudo social” para perpetuar un sistema sin libertades y con raquitismo económico, en el que ellos conserven perpetuamente la poltrona de la Moncloa y sus prebendas? ¿No sería mejor un Gobierno de concentración nacional, excluyendo extremismos y nacionalismos, y por supuesto ex-terroristas etarras? Estamos a tiempo para evitar ir rumbo al infierno de Venezuela o Cuba.
Sobre las prebendas otorgadas por “Sánchez el de las mercedes” de gestionar el “Ingreso Mínimo Vital” en País Vasco y Navarra al PNV o en Cataluña a ERC, a cambio del voto a favor en la sexta prórroga del estado de alarma en el primer caso o de la abstención en el segundo, no comento más que van en contra del artículo 14 de la Constitución (“todos los españoles son iguales ante la Ley”). Se ve que los socialistas y podemitas-comunistas del resto de España tienen unas tragaderas tremebundas.
