La Diputación de Jaén ha formalizado la compra de una acción del Grupo Tragsa, siguiendo así el acuerdo adoptado en un reciente pleno de la Administración provincial. De este modo, sigue el ejemplo de la Diputación de Segovia, que también adquirió una acción de esta empresa estatal.
Estas adquisiciones se producen en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa para poder realizarle encargos.
El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado. El accionista mayoritario es la SEPI que cuenta con el 51 %, seguido del FEGA con un 39 %, la Dirección General de Patrimonio con un 10%. El resto es de las 17 Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, los Cabildos Insulares de Canarias, los Consejos de Mallorca, Ibiza y Formentera, la Diputación de Álava y las diputaciones de Cuenca, Segovia, Pontevedra, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Ávila, Huelva, Girona, Cáceres, Teruel, A Coruña, León, Guadalajara, Soria, Lugo, Jaén y Salamanca, que cuentan con una acción.
