El coordinador provincial de IU, José Ángel Frías, acudió ayer al procurador del común para transmitir la preocupación del grupo político por lo que consideran una “mercantilización” del servicio de comedor escolar. La denuncia se produce vez que la Junta de Castilla y León aprobase el cierre de cocinas propias en nueve centros de la provincia y su incorporación a la denominada “línea fría”, en la que diferentes empresas de catering proveen a dichos centros.
Esta decisión quedó ratificada tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el 9 de julio el inicio del periodo de licitación para la adjudicación de la gestión del servicio de comedor en los centros escolares para los próximos tres cursos escolares, con un importe total de 9.041.745,37 euros.
“Estamos sumamente preocupados con que se esté haciendo negocio con las necesidades básicas de los ciudadanos y más en concreto con la alimentación de los alumnos de los centros de Educación Infantil y Primaria”, afirmó Frías. Además, el coordinador provincial de IU, señaló que “no dudamos de la legalidad del proceso”, aunque lo calificó de “auténtica aberración” y de “castigo inadmisible”
La extensión del servicio de catering programada por Educación afecta a tres centros de la capital, los colegios Elena Fortún, Martín Chico y Eresma, y a otros seis de la provincia, los de Cantimpalos; Coca; Sacramenia; el San Gil de Cuéllar; el de Olombrada, y Marqués del Arco, de San Cristóbal de Segovia.
Con la incorporación de estos nueve centros a la red de servicios de catering, la línea fría de comidas alcanza para el próximo curso a la mitad de los comedores escolares de la provincia, con un total de veinte sobre cuarenta.
En este sentido, Frías trasladó a la representante del procurador del común la preocupación por la falta de información a los consejos escolares y a los mismos padres y madres sobre los productos utilizados, la cantidad, calidad y precio de los mismos. “Es muy preocupante que no tengamos acceso al etiquetado de los productos que tendrán que tomar nuestros hijos”.
Después del anuncio de esta medida por parte de la Consejería de Educación en el mes de junio, las asociaciones de padres del barrio de San Lorenzo y del municipio de San Cristóbal celebraron concentraciones de protesta y reunieron cerca de 4.000 firmas para pedir a la Consejería que reconsiderase su decisión.
Aún así, para el coordinador provincial de IU el momento escogido es “oportunista por parte de la administración, pues el periodo estival deja sin margen de reacción a las asociaciones de padres y madres”. Por ello, Frías manifestó que “estamos a disposición de los movimientos sociales como las AMPAS, la Plataforma por la Escuela Pública y la FEDAMPA para apoyarlos en las acciones que estimen”.
