IU no tira la toalla y está dispuesta a dar la batalla para impedir el polémico edificio en la pradera de San Marcos, pese a lo avanzado de la construcción y la aparente ‘pasividad’ de Ayuntamiento y Junta de Castilla y León. El concejal de IU, Luis Peñalosa, anunció ayer la presentación de una moción para que el Ayuntamiento revise de oficio la licencia de obras que, en su opinión, incumple el Plan General de 1984 y, en consecuencia, «es nula».
En síntesis, Peñalosa considera que la licencia no debió ser otorgada porque, de acuerdo con las ‘intensidades’ que planteaba el PGOU de 1984, no se podía ocupar más allá de lo que estaba construído a fecha del 15 de julio de 1982. Entonces, según dijo el concejal de IU, en la parcela existía una nave correspondiente a una antigua carpintería y un espacio similar que se utilizaba como almacén de maderas. «La licencia permitió construir en toda la parcela, cuando, sin embargo, en el área de San Marcos solo se autorizaba conservar, renovar o reconstruir la superficie edificada al 15 de julio de 1982, es decir solo lo que ocupaba la carpintería», apuntó Peñalosa, que considera que al incumplirse el PGOU de 1984 aquel permiso de obras «es nulo». En este caso, según explicó Peñalosa, se ha autorizado la construcción en el espacio libre de esta parcela, además de la superficie ocupada por la antigua edificación existente, por lo que «consideramos que no se ha respetado lo establecido en el PGOU de 1984, y, en consecuencia, la licencia seria ilegal». En este sentido, indicó que «se ha duplicado la superficie», además del volumen «porque el edificio tiene también un semisótano y un aprovechamiento bajo cubierta».
La licencia municipal de obras del edificio fue concedida por el Ayuntamiento el 10 de diciembre de 2009, bajo las disposiciones generales del PGOU de 1984 y las del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, aprobado el 3 de junio de 1999, con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Al existir un Plan Especial aprobado, el órgano competente para autorizar la obra de nueva planta es el Ayuntamiento de Segovia. No obstante, según recordó ayer Peñalosa, es la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural la competente para autorizar la demolición de los edificios de un conjunto histórico, previa a la concesión de la correspondiente licencia municipal. A este respecto, Peñalosa indicó que la Comisión de Patrimonio no autorizó el derribo del edificio preexistente —la nave de carpintería, que no ocupaba la totalidad de la parcela— e informó desfavorablemente el anteproyecto del edificio de sustitución, el 26 de abril de 2004, porque suponía modificaciones en el volumen y edificabilidad existente y, a su juicio, perturbaba la contemplación del Alcázar. La Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales ratificó el acuerdo en 2005.
Sin embargo, «sorprendentemente, en 2008, la Comisión Territorial —apuntó el edil de IU— informó favorablemente un nuevo proyecto básico de edificio para vivienda unifamiliar y alojamientos turísticos». El Ayuntamiento, en consecuencia y a pesar de no ser vinculante este acuerdo, por no ser desfavorable, autorizó el derribo de la nave preexistente y otorgó la licencia de obras el 10 de diciembre de 2009.
A juicio de IU, el Ayuntamiento debió de haber solicitado a la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales un dictamen sobre «este sorprendente cambio de criterio» de la Comisión Territorial y, «posiblemente, se habría evitado el disparate que está a punto de consumarse, para vergüenza de todos los implicados en este proceso administrativo».
IU pide en su moción que se proceda, con la máxima urgencia, a la revisión de oficio de la licencia de obras y que el Ayuntamiento solicite a la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales su pronunciamiento respecto al cambio de criterio de la Comisión Territorial de Segovia, entre 2004 y 2008, «en relación al efecto negativo» de la nueva edificación en la calle San Marcos 25.
