El grupo municipal de IU defenderá en el Pleno del viernes una moción para instar a la Junta de Castilla y León a que legisle el cierre de locales donde se realiza la actividad de prostitución, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen. Esta propuesta busca, por un lado, evitar la expansión de la Covid-19 y prevenir riesgos en la salud de las personas en situación de prostitución, y por otro, solicitar el compromiso de la Junta para poner en marcha un plan de cierre definitivo de estos locales.
Entre los acuerdos de la moción, IU quiere que el Ayuntamiento solicite al gobierno autonómico medidas para el control y cierre de pisos privados donde hay personas en situación de prostitución en nuestra comunidad, y que habilite recursos y alternativas habitacionales para mujeres en situación de prostitución que lo requieran. La propuesta pide a la Junta que incluya como beneficiarias dentro del reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas en situación de prostitución, incluidas aquellas que se encuentren en situación irregular.
El 14 de marzo los clubes cerraron sus puertas a ‘los clientes’ a raíz del decreto del estado de alarma. Eso, sin embargo, no sucedió en otros muchos de los peldaños que engloban la prostitución. “En estos momentos, dichos clubes y otros espacios donde se realiza la actividad de prostitución se mantienen abiertos, lo cual supone un riesgo para la salud de las personas en situación de prostitución y un problema de salud pública para identificar y localizar los posibles contagios”, apunta la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa.
Asimismo, explica: “El cierre de estos locales tiene que venir acompañado de algún tipo de medida para que estas personas en situación de prostitución tengan cubiertas sus necesidades básicas. Es necesario una respuesta coordinada, con garantía habitacional segura y atención socio-sanitaria para facilitar la vida y la situación de las mujeres en prostitución una vez se efectúe dicho cierre”.
Cesión de remanentes de tesorería
El portavoz del grupo municipal de IU, Ángel Galindo, se ha referido al Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto, que permite a los Ayuntamientos ceder sus remanentes de Tesorería al Estado. Ha remarcado que, si dicho decreto supone un avance con respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria (la llamada ‘Ley Montoro’), es insuficiente. “Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido el municipalismo y la autonomía local, y lo seguiremos haciendo. El PSOE, cuando estaba en la oposición, hablaba de que había que derogar la ‘Ley Montoro’, lo cual supondría poder usar los remanentes sin ningún tipo de restricción y facilitaría, entre otros aspectos, estudiar la municipalizacion de servicios desde una posición más sencilla que la que tenemos ahora, con una ley que no nos permite endeudarnos ni hacer inversiones a largo plazo”, afirma Galindo.
