Izquierda Unida de Segovia remitió ayer un escrito a la Subdelegación del Gobierno con relación a los “posibles errores” de protocolo cometidos por las autoridades “que dejaron sin protección a Alina Erica, vecina de La Granja asesinada presuntamente por su ex pareja el pasado sábado”. A través de un comunicado, la coalición informa de que ha solicitado que se lleve a cabo una investigación sobre la atención que recibió la víctima el día 14 de agosto en el cuartel de la Guardia Civil de La Granja, “a fin de aclarar qué falló en la interpretación o aplicación del protocolo de violencia de género y evitar errores de aquí en adelante”. En su escrito, IU también demanda una revisión urgente de los protocolos de violencia de género, “de modo que la persona que se sienta en peligro encuentre protección de manera inmediata y de oficio, sin hacer depender la activación del protocolo de la efectiva interposición de denuncia formal.
Según las informaciones en las que se basa IU, “el viernes 14 Alina acudió por la tarde al cuartel de la Guardia Civil en La Granja para pedir ayuda y expresar su miedo a su ex pareja, del que se había separado hace un mes y recibido varias amenazas”. De acuerdo a las explicaciones de IU, “el o los agentes que se encontraban a la puerta le dijeron que el cuartel estaba cerrado y que podría volver al día siguiente si quería poner una denuncia”.
Posteriormente, según se expone en el comunicado, “una patrulla se desplazó al domicilio de Alina, quien relató los hechos sin que finalmente hubiera denuncia formal, por lo que no se puso en marcha el protocolo de violencia de género”. IU considera que “ahí hubo un fallo, bien del protocolo o bien de su interpretación, puesto que la víctima había mostrado un temor sobradamente fundado”. “Es inadmisible que en numerosas infracciones el procedimiento se inicie de oficio o sirva como denuncia una mera comunicación verbal, y que por el contrario, cuando se trata de violencia de género se cargue a la víctima la responsabilidad de decidir si inicia o no el procedimiento”, apunta.
Izquierda Unida cree que debería iniciarse el protocolo de protección en el momento en que la persona pide ayuda o manifiesta su temor ante cualquier autoridad pública. “Cierto es que un procedimiento penal tiene garantías para la persona denunciada, pero no nos referimos a las formalidades penales ni a las medidas contra el denunciado, sino a la necesidad de protección de la mujer que se ve en peligro. Cabe recordar aquí la obligación de auxilio de cualquier persona hacia quien necesite ayuda, recogida en el ordenamiento jurídico”, añade.
IU reclama que se garantice que en cada municipio o núcleo de población exista un lugar donde en todo momento pueda acudir cualquier mujer que sufra violencia de género o se sienta en peligro, a fin de asegurar su integridad física y pueda recibir asistencia inmediata por parte de personal cualificado.
