Israel dio ayer, como era de esperar, un golpe de efecto para condenar la decisión de la Unesco, que el pasado lunes admitió a Palestina como Estado de pleno derecho. El Ejecutivo judío, al igual que otros países, como Estados Unidos o Alemania, criticaron esa decisión, pero, un día después del anuncio de la agencia de la ONU, Tel Aviv acordó acelerar la construcción de 2.000 nuevas viviendas en los asentamientos hebreos de Maalé Adumim y Gush Etzion, situados en el territorio ocupado de Cisjordania, y en Jerusalén Este.
Y no solo eso, ya que el Gobierno que dirige Benjamin Netanyahu también optó por expulsarde manera forzosa a miles de musulmanes de esa ciudad, una medida que desde la ONG israelí Comité Contra la Demolición de Viviendas, podría tratarse de una «limpieza étnica» y podría constituir, incluso, un crimen de guerra.
Además, en otro golpe al proceso de paz, el Ejército hebreo arrestó a uno de los principales líderes de Hamas en Cisjordania, Hasan Yusef, junto con uno de sus hijos, cerca de Ramala. En la redada fueron detenidos otros 11 palestinos, según señaló uno de los portavoces del grupo musulmán.
Diputado y uno de los fundadores de la milicia, Yusef salió el pasado mes de agosto de una prisión judía tras cumplir seis meses de reclusión.
Pero, desde Tel Aviv, continúan analizando sus represalias y anunció que suspenderá temporalmente la transferencia de fondos a la a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Israel recauda y transfiere a la ANP unos 100 millones de shekels mensuales (unos 27,5 millones de dólares) en concepto de impuestos, tasas y aranceles aduaneros, en virtud de los Acuerdos de París (1995), protocolo económico de los Acuerdos de paz de Oslo.
Desde el Ejecutivo judío se explicó que las medidas adoptadas responden al «rechazo palestino a regresar a las conversaciones de paz y en su lugar acudir a los organismos de la ONU para tomar medidas unilaterales».
