La Fiscalía de Segovia, después de practicar diversas diligencias de investigación, ha estimado que concurren indicios de delito contra la ordenación del territorio o de prevaricación por parte de los exalcaldes de El Espinar, Francisco Javier Jorge (PP) y Alicia Palomo Sebastián (PSOE) por el otorgamiento de licencias de construcción desde el año 2011.
La asociación de copropietarios del núcleo de Los Ángeles de San Rafael, única asociación que representa los intereses de los ciudadanos que han adquirido viviendas o parcelas para su uso particular, viene denunciando la situación por la que atraviesa dicha urbanización, en especial desde que dictó sentencia por el Tribunal Superior de Castilla y León, el 3 de junio de 2011 en la que se obligaba al Ayuntamiento de El Espinar a recibir la urbanización, previa dotación a este de los servicios legales exigidos en el Art 206 y 207del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
A día de hoy, los vecinos de Los Ángeles siguen sin tener estos servicios básicos como el abastecimiento y depuración de agua. Desde 2007 el agua de estas casas procede de un circuito cerrado que tan sólo pueden utilizar para regar sus jardines o ducharse pero nunca para beber o cocinar.
“Hemos padecido como el Ayuntamiento no solo permite la actuación ilícita del promotor, que desarrolla una actividad no ajustada a derecho hasta que se obtenga la condición legal de los servicios urbanísticos, habiendo prohibido aquella sentencia el otorgamiento de todo tipo de licencias, sino que pretende resolver para el promotor la situación de manifiesta ilegalidad del servicio del agua, que ha motivado diversas sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero”, asegura Lucia Cobo, presidenta de la asociación de vecinos.
Ante esta situación, la asociación formuló una denuncia ante la Fiscalía por el otorgamiento de licencias desde el año 2011 contrarias a la sentencia, una denuncia que ahora ven como un avance que podría suponer el principio del cambio de esta situación. Sin embargo, Cobo señala que el Consistorio siempre ha tratado de favorecer los intereses de Óscar Gil, promotor de la urbanización, que heredó de su padre Jesús Gil y Gil.
“Pretenden favorecer a quien ha recibido un beneficio del desarrollo de un suelo rustico que ha vendido como urbano y que no lo es, eximiéndole de las obligaciones que le son imputables: la básica, conseguir agua legal para el consumo de las familias que hemos comprado creyendo que todo era ajustado a Ley y no lo es”, asegura la presidenta vecinal.
Licencias que continúan
Lejos de paralizar la construcción de viviendas en Los Ángeles de san Rafael, Óscar Gil se encuentra inmerso en la promoción de varios nuevos complejos de o urbanizaciones que “pretenden dinamizar el crecimiento creando un nuevo concepto de ciudad”, añade Cobo.
Ante esta situación, desde la asociación exigen que “la administración actúe en el simple cumplimiento de la Ley exigiendo al promotor que resuelva el suministro de agua, de forma legal y no chapucera. Y que por parte de dichas administraciones se controlen los precios de consumo, y no hagan dejación de tales obligaciones básicas”, debido a que el precio del agua en Los Ángeles es desorbitados en comparación con los del resto de El Espinar.
