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Investigadas cuatro personas en Cuéllar por una nave ilegal 15 veces mayor a la permitida

por El Adelantado de Segovia
10 de julio de 2021
en Provincia de Segovia
guardia civil urbanismo
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Cuatro personas son investigadas por la Guardia Civil de Segovia como autoras de un presunto delito contra la ordenación del territorio en Cuéllar desde el año 2019. El Seprona detectó en el mes de abril unas obras en las que en suelo rústico no urbanizable se estaban ejecutando diferentes construcciones cuyos usos no estarían contemplados por la normativa urbanística para esta clase de terrenos.

Tras realizar varias inspecciones urbanísticas, comprobaron que las características de las edificaciones levantadas consistían en una nave 15 veces mayor a la permitida en la licencia y un merendero con piscina, carentes de autorización, por lo que eran completamente ilegales.

Posteriormente, se solicitaron a la Administración Local competente los correspondientes informes municipales. En estos documentos aportados por el Ayuntamiento se concluía que las construcciones efectuadas no se correspondían con las solicitadas en el proyecto, la parcela no contaba con la superficie mínima exigida en las normas municipales, ni con los retranqueos establecidos y el uso pretendido no estaba permitido para esa finca.

A la vista de estos resultados, se procedió a la investigación del promotor de las obras, de los constructores y de un director técnico, a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se acusa al dueño de las edificaciones de un delito de desobediencia, al haber hecho caso omiso a la orden de paralización de las obras dictada en un decreto de la Alcaldía de diciembre de 2019.

Penas de hasta cuatro años

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de prisión, multa de 12 a 24 meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.

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