Casi todo el mundo conoce lo que es un interventor, un secretario o un tesorero de un Ayuntamiento o corporación local, pero pocos saben identificar la figura del funcionario ‘habilitado especial’, cuando son lo mismo. En este año 2025 se cumple un siglo de la creación de sus colegios provinciales, una conmemoración que acompaña a la del pasado año, otros cien del nacimiento, vía Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, de un tipo de funcionario distinto, nombrado por el Estado pero con un destino laboral en el ámbito local con los objetivos de coayudar a los dirigentes, como los secretarios y tesoreros, o de fiscalizar y vigilar sus economías y gastos, especialmente en el caso de los interventores.
El Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Segovia, al igual que el resto de colegios, cumple cien años y este miércoles organizó una jornada que tuvo un claro aroma reivindicativo que se extiende al ámbito nacional ya que el aumento de las vacantes supone un serio hándicap en el desempeño de un servicio a los ciudadanos que se ve mermado. Si nos centramos en la provincia de Segovia, son unos 120 los habilitados nacionales, insuficientes para cubrir los más de 200 municipios segovianos (209), de tal forma que algunos acumulan hasta cinco ayuntamientos en la mochila. Hay un exceso de vacantes. No todo el mundo sueña con ser destinado a un minúsculo pueblecito tras haber aprobado una dura oposición y eso genera un problema en toda España, y en la vaciada más, donde esas ausencias alcanzan ya el 50 por ciento de las plazas. Un dilema que sobrevoló una jornada celebrada en la Venta Magullo de La Lastrilla con presencia de unos 50 interventores, secretarios y tesoreros. El propio presidente de la Diputación, Miguel Ángel De Vicente, se lamentó de ello aprovechando su intervención, criticando además la falta de oposiciones que cubran esa demanda. En Segovia son unos 120 en total en la provincia, destacando que el 65 por ciento de ellos son mujeres, según apunta el presidente del colegio segoviano COSITAL, Jesús García.
El destino que le pueda tocar a estos funcionarios es inherente al gremio. Una incógnita que puede generar demasiada incertidumbre. Pueden darse circunstancias curiosas, como por ejemplo que Jesús García fuera secretario-interventor en una diminuta localidad como Navares de Ayuso, de apenas 25 habitantes, y en los últimos seis años lo es en El Espinar, una población bastante mayor con 10.000 habitantes. Jesús lleva apenas meses al frente del órgano colegiado segoviano y tiene en mente muchas ideas para combatir esta despoblación funcionarial que afecta a la España despoblada. Algunas de ellas podrían ver pronto la luz, como un acuerdo con la Universidad (UVA) para que alumnos de 4º de Derecho y ADE realicen prácticas en ayuntamientos y otras entidades locales para conocer de primera mano el trabajo y lo contemplen como una posibilidad de futuro. “Sería una buena forma de retener el talento aquí y que los jóvenes no se marchen a trabajar fuera de Segovia. Somos unos 120 pero deberíamos ser más. Necesitamos que los jóvenes crean que es una buena oportunidad de futuro”, profundiza García, quien ya mantiene conversaciones con los dirigentes universitarios en este sentido.
“Llevamos desde febrero-marzo esta nueva Junta de Gobierno y queremos que los compañeros del colegio no piensen que hay que pagar una cuota y ya está. Queremos darle un impulso al colegio y hacer cosas. Hemos tenido ya reuniones con archiveros, ingenieros, arquitectos, etc., diversos colectivos. También con la UVA para organizar sesiones administrativas o hacer prácticas en ayuntamientos, que vean que hay futuro, una salida laboral, aunque sepan que antes hay que pasar por un proceso selectivo con la oposición del Estado. Que sepan que hay plazas de funcionario de alto nivel que tienen vacantes en la provincia y no se tienen que ir fuera. En la UVA hay mucha gente que viene de los pueblos”, explica el dirigente colegial.
Otra iniciativa que menciona es establecer vínculos con otros colegios profesionales, como el de abogados, ingenieros o arquitectos, incluidos algunos en la jornada de celebración del centenario, para resolver dudas, por ejemplo en asuntos de obras, proyectos ambientales o también con los ingenieros forestales para conocer mejor los planes forestales, materias que aparecen en las normas que usan estos funcionarios habilitados y que son legos en ellas. En poco tiempo, añade, van a comenzar diferentes cursos de adaptación al nuevo entorno digital y la Inteligencia Artificial. “Nos tenemos que adaptar sí o sí a estos cambios porque si nosotros nos quedamos atrás, los ayuntamientos y municipios en los que trabajamos se va a quedar atrás también”.
Secretarios itinerantes
Segovia no tiene grandes peculiaridades respecto a Castilla y León, con la que comparte el hecho de que existan demasiadas localidades pequeñas. Tengan 25 o 10.000 habitantes, las exigencias legales son iguales para todos y el trabajo no difiere, con la salvedad de que muchas veces un mismo funcionario debe atender cinco pueblos e incluso coger el teléfono o abrir la puerta. “Un día va tres horas a uno y otras tres horas a otro. Una mañana a otro o un par de días al que tiene más población. Son itinerantes. En Segovia suele haber agrupaciones de cinco. Es una de nuestras grandes quejas. Se debe cambiar la normativa porque Segovia no tiene nada que ver con Madrid”. Otro de sus lamentos, en comparación con el pasado, es la peor valoración que hoy se tiene en la sociedad de estos ‘habilitados nacionales’ para ejercer en lo municipal cuando antes eran más respetados y conocidos en sus emplazamientos.
Un trabajo muy peculiar. Deben trazar una fina línea en su relación con el alcalde de turno porque puede que deban negar su gran plan. Jesús García aclara que a ellos no les eligen los ciudadanos para decidir en qué se invierte el dinero, pero sí deben vigilar al que lo hace. “Conozco compañeros a los que el concejal o el alcalde les hacen la puñeta y es difícil eso. Justo en la jornada nos hemos reunido para adherirnos al protocolo nacional antiacoso laboral del colegio de secretarios. Al final, el secretario y el alcalde tienen como una relación de pareja: hay momentos buenos y momentos malos o de tensión”.
“La autonomía local no puede ser un desgobierno local. Algunos alcaldes son muy, muy, muy alcaldes, pero deben tener un acatamiento de la normativa. Yo soy de intervención, puede que los secretarios digan otra cosa porque tienen más contacto y nosotros actuamos más al final, pero yo creo que hay que tener una buena relación con los políticos y no ser ajenos a la gestión. Cuanto más conscientes son de su realidad económica, más fácil es que esa relación sea buena. Deben saber que a lo mejor no se pueden comprar el coche caro, pero sí otro. Hay que intentar no dar un ‘no’ sistemático por respuesta y nosotros ser conscientes de que tenemos que controlar que el gasto sea correcto, pero no en qué se gasta. No nos han elegido los ciudadanos”, recalca Pilar Ortega, presidenta del Consejo General de COSITAL, que agrupa y lidera a todos los colegios provinciales, quien comparte la opinión de Jesús García de que “la consideración social hacia el secretario-interventor-tesorero ha cambiado para peor. Antes había más respeto, puede que porque la sociedad ha cambiado. Ahora se le trata peor y eso influye en que tengamos un 50% de cobertura de las vacantes”.
Respecto a cómo ha cambiado la labor de estos empleados estatales de lo municipal, Ortega, adjunta al interventor en la Diputación de León desde 2003 señala una mayor complejidad normativa en la actualidad en relación a la sencillez del pasado y la aparición de los nuevos medios tecnológicos. “Antes el funcionario tenía un cuaderno de notas, máquina de escribir o una pluma. Ahora hay herramientas y tecnologías con programas que facilitan plantillas, análisis de datos y leyes, etc.”, compara la mandataria nacional de los colegios territoriales, presente este miércoles en la jornada de la delegación segoviana.
“Hay pueblos menores que una comunidad vecinos”
La Finca ‘El Molino de la Venta’, en la Venta Magullo, acogió este miércoles la jornada para celebrar el centenario del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Segovia, un encuentro de este peculiar gremio de funcionarios estatales con una habilitación especial para todo el territorio nacional que les permite trabajar en las corporaciones locales. Una reunión conmemorativa en la que se recordó el pasado pero también se plantearon los retos del futuro y donde se trató la problemática de la escasez de medios humanos en la España despoblada.
La mirada atrás tuvo lugar con la charla de un reducido grupo de jubilados, los primeros de la democracia. “Hemos escogido a tres funcionarios de la provincia que ya están jubilados, que empezaron en los 80 y han estado unos 40 años para que cuenten sus vivencias, anécdotas o cómo ha cambiado este trabajo, la transformación digital. Era importante tener un recuerdo para ellos”, explica Jesús García, presidente del colegio territorial segoviano.
Sobre ese paso a los nuevos tiempos, hubo en las jornadas varias ponencias en las que se habló del enorme desafío que suponen las nuevas tecnologías y que la Administración no se quede atrás, donde destacó la intervención de Jaime López, director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda.
En la clausura participaron Emilio Arroita, director de la Administración Local de la Junta de Castilla y León; Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia; y Pilar Ortega, presidenta del Consejo General de Cosital. Todos reivindicaron esta figura funcionarial en un entorno duro, y más en Castilla y León, por la cantidad de pequeñas poblaciones y la escasez de recursos humanos para atenderlas.
La media nacional de ayuntamientos por debajo de 1.000 habitantes es del 65% de unos 8.000. “Hay poblaciones con menos habitantes que una comunidad de vecinos. Llevar a un compañero joven a esos pueblos es complicado. Se lo dices y le da la risa floja. La mayoría de los jóvenes de hoy nacen en ciudades grandes. Solo el 3% de la población vive en municipios de menos de 1.000 habitantes”, analiza para este diario Pilar Ortega.
Son unos 6.000 en España, pero muchos trabajan en autonomías o incluso para ministerios del Estado o el propio Ayuntamiento de Madrid, por lo que son unos 5.000, según cifra Ortega. Se han perdido 7.000 en los últimos años, por lo que el servicio ya no es cubierto igual.
COSITAL ha elevado a Bruselas su queja por las nuevas normativas que atentan contra la unidad de criterio en la oposición. “Estudiar los mismos temas, tener todos la misma formación y garantizar que todos los españoles tengan los mismos servicios y el mismo trato ante la ley”, cierra la presidenta.
María Luisa López, nueva interventora en la Diputación
Coincidiendo con la semana de conmemoración del centenario de los primeros interventores, secretarios y tesoreros, la Diputación de Segovia hizo público el nombramiento de María Luisa López como nueva interventora del organismo provincial. Como culminación de la renovación de los puestos de máxima relevancia en el organigrama de la institución, María Luisa López tomó posesión y juró el cargo este lunes en el Salón de Plenos del Palacio Provincial en un acto en el que estuvo acompañada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, entre otros responsables de la institución provincial.
López es funcionaria con habilitación especial nacional y de categoría superior, adscrita a la subescala de Intervención-Tesorería. Desde 2022 era viceinterventora de la misma Diputación segoviana y antes de ello ocupó algunos cargos en la Administración Pública en diversos ayuntamientos de la comunidad, por ejemplo el de Tres Casas, en Segovia. Cuenta también con experiencia en el sector privado, especialmente en el sector bancario y financiero.
En el acto, el presidente defendió la libre designación en el nombramiento, ya que se trata de una “necesidad” y no un “capricho político”. “Nos vemos abocados por la negligencia del Gobierno a la hora de dotar a las entidades locales de funcionarios de habilitación nacional”, dijo Miguel Ángel de Vicente, que puso como ejemplo el concurso del año 2024, una convocatoria que finalmente no vio la luz. Un caso que no se circunscribe a Castilla y León, ya que, como denunció, cerca de la mitad de las corporaciones locales en España mantienen vacantes esos puestos por falta de convocatorias.
