La Policía Nacional detuvo ayer a tres personas e intervino 50 toneladas de carne de una empresa cárnica que distribuía alimentos en mal estado a todo tipo de servicios de restauración, incluidos hoteles y centros escolares.
Los tres detenidos, propietarios y responsables de la empresa, quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial, pero se decretó el cese de actividad de la compañía. Se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social.
Los tres arrestados son hombres de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 30 y 40 años.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Rafael Cladera; el inspector jefe del grupo primero de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), Gonzalo Calleja, y la jefa de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, Margalida Buades.
La bautizada como ‘Operación Biltong’ —un tipo de carne seca— se inició con una denuncia de un trabajador a principios de marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que una empresa cárnica ubicada en Marratxí podía estar incumpliendo la normativa sobre distribución y almacenaje de alimentos además de atentar contra los derechos de los trabajadores.
Tras ello, los agentes realizaron un mínimo de siete visitas a las instalaciones de la empresa, así como a proveedores y a establecimientos de la misma, y recabaron más de 20 testimonios.
El género que ha sido inmovilizado estaba en una nave en Marratxí y otra alquilada en Palma. La nave propiedad del empresario contenía más de 30 toneladas de carne congelada caducada, modificada, manipulada, sin identificación o sin trazabilidad. Por ello, se precintaron los congeladores y se suspendió la actividad.
Además, los investigadores corroboraron que la empresa en ocasiones facturaba una cantidad mayor de carne de la entregada —adulterándola con vísceras y sangre de cerdo— cuando sabía que el cliente no controlaba el peso de la compra.
Asimismo, la empresa también manipulaba las fechas de caducidad y de hecho, los investigadores encontraron una partida de carne que, según la etiqueta original del proveedor, había caducado hacía unos tres años.
Igualmente, se hallaron numerosos productos alimentarios como latas en conserva, salmón ahumado, pulpo cocido y otros comestibles cuya fecha de caducidad estaba vencida.
‘Salmonella’
Además, la empresa distribuía alimentos tanto descongelados como frescos, que descongelaba en grandes cubetas de agua caliente antes de servirlos a sus clientes.
Si un cliente devolvía género porque se encontraba en mal estado, la empresa quitaba o limpiaba las partes afectadas del producto, lo volvía a congelar y después se lo suministraba a otro cliente de forma directa o en carne picada.
También contactaron con importante cliente que, al sospechar de la calidad del producto, había realizado un análisis de una partida de carne picada de ternera en el que se confirmó la presencia de ‘salmonella’, ya que se le había añadido sangre y vísceras de cerdo para aumentar su peso.
Ahora, la carne intervenida queda a la espera de lo que decida la autoridad judicial pero lo más posible es que finalmente se solicite su destrucción.
A raíz de las pesquisas conjuntas entre la Policía y la Consejería de Salud, se descubrió que los trabajadores tenían salarios de entre 600 y 900 euros por jornadas laborales de 60 horas semanales o diez horas diarias —de 6.00 a 16.00 horas con el tiempo justo de descanso para comer—. Además, se les había obligado a firmar nóminas por importes superiores a lo que realmente cobraban.
Igualmente se detectaron irregularidades como ausencia de vacaciones y pagas extra.
