Una vez que las buenas palabras y los intentos de disimular el descontento reinante entre los miembros de la Guardia Civil se han demostrado inútiles, especialmente después de que ayer los representantes de los agentes acusaran al Gobierno de tratarles «como a terroristas de ETA», el Ministerio del Interior ha decidido pasar a la acción y responder al desplante con castigos. De hecho, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha ordenado abrir expedientes disciplinarios a los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) portal comparación con los terroristas, realizada a cuenta de la prohibición de que los uniformados se manifiesten en reclamación de mejoras laborales.
La orden partió del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, han vertido «graves acusaciones contra diversas instituciones y autoridades del Estado».
Fuentes de la Benemérita informaron ayer de que ahora se designará un instructor, que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en tal caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la imposición de la correspondiente sanción. La normativa disciplinaria del Instituto Armado contempla como falta muy grave, castigada incluso con la separación del servicio, «la emisión pública de expresiones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás instituciones por ella reconocidas».
Además, es falta grave -que como máximo conlleva la suspensión de empleo de uno a tres meses- «la comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado».
Las polémicas manifestaciones que han desatado la guerra y que vienen precedidas de las protestas que esta misma semana protagonizaron numerosos agentes por las calles de Madrid como forma de exteriorizar su descontento por el agravio laboral que dicen sufrir en comparación con otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad, fueron realizadas por Moya y García en una rueda de prensa convocada para expresar su disconformidad ante la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la nueva proteta que habían convocado para el día 18 de este mismo mes con el objetivo principal de reclamar la equiparación de su jornada laboral con la de la Policía Nacional. «La Delegación del Gobierno, teledirigida desde Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web», sostuvo literalmente Moya antes de que García acusara al Ejecutivo socialista de meter a los miembros del Instituto Armado «en el mismo saco» que a los colaboradores de la banda asesina pues ni unos ni otros pueden expresarse.
Ya por la tarde y tras conocer las sanciones, el responsable de prensa de AUGC, Manuel del Álamo, que ratificó la impresión de que el Ejecutivo les trata peor que a los etarras, declaró que los castigos «abren la caja de los truenos» y suponen un «agravio» y una «represión brutal» contra los representantes de los guardias civiles.
