Los Servicios de Información españoles han comenzado a desplegar una estrategia para impedir que ETA salga de su actual debilidad operativa a través de la movilización de veteranos miembros de la organización terrorista que residen en Latinoamérica. Venezuela cuenta con una colonia de unas 40 personas vinculadas a la banda, la mayor parte huidos de la Justicia y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista.
La suma total de miembros de la agrupación violenta en países de América Latina roza en la actualidad el centenar y durante los últimos años se viene produciendo un trasvase de militantes de la banda de México a Venezuela, en un proceso que se aceleró a partir de 2006 con motivo de la extradición de seis abertzales que participaban desde el país azteca en la trama financiera de la organización, y que aún dura.
El colectivo de huidos, a diferencia de los deportados, percibió que México ya no era un país seguro para huir de la Justicia española y muchos de ellos pusieron rumbo a Venezuela, al calor de la ambigüedad que ha mostrado el régimen de Hugo Chávez con la banda. Aunque México sigue siendo el país con más etarras, unos 45 frente a los 80 que había en 2004, la Policía española ve un mayor riesgo de movilización entre los huidos que residen en Venezuela, donde la colaboración de las autoridades dista mucho de ser la adecuada para controlar al grupo de refugiados, según las fuentes consultadas.
La postura chavista respecto a ETA provocó un conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro asesinos -Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa-, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Ejecutivo de Zapatero se quejó formalmente y evitó esta medida y otra de las autoridades de Caracas, que pretendía indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.
Completan la colonia latinoamericana una decena de fugitivos residentes en Cuba, el grupo que menos variaciones ha sufrido desde que llegaron deportados siete miembros de la banda como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno de Felipe González y el de Fidel Castro en 1984. Además, hay una presencia «testimonial» de radicales en Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Los continuos golpes policiales a ETA desde el final de la última tregua han creado un vacío en el seno de la organización, que se ve obligada a situar en puestos clave a personas sin mucha experiencia. Informes en poder de Interior señalan que la dirección en Francia puede intensificar las llamadas a filas de antiguos miembros residentes en los citados países y, por eso, en las últimas semanas, responsables de la lucha antiterrorista han cruzado el Atlántico para intensificar la colaboración con los Servicios de Información locales.
Varios ejemplos ilustran la importancia que ETA ha dado a su cantera latina. Las Fuerzas de Seguridad creen que un reducido comité ejecutivo dirige la banda en la actualidad y tienen la seguridad de que dos veteranos con varios años de residencia en México lo integran. Se trata de José Luis Eciolaza Galán, Dienteputo, quien podría ser el terrorista con más peso en la organización, y Juan Cruz Maiztegi Bengoa, Pastor, quien regresó en 1998 de México mientras que la primera noticia del regreso a Francia del primero se remonta a 2005.
