El ministro del Interior, Alberto Fernández Díaz, defendió ayer la actuación de las fuerzas de seguridad ante la fuga del etarra Alberto Plazaola tras ser anulada su excarcelación por el Tribunal Supremo alegando que estaba en libertad sin condiciones, que la justicia no decretó medidas de seguridad y que cualquier vigilancia habría sido una actuación ilegal.
Fernández Díaz resaltó que la filtración de la decisión del Tribunal Supremo de anular la excarcelación de Plazaola “ha malogrado” la detención del etarra y se remitió a la investigación anunciada por el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes.
Preciasemante, el presidente del Tribunal Supremo anunción que recabará información del presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Manuel Marchena, como primer paso para investigar la “filtración” de la decisión de anular la puesta en libertad de Plazaola. El hecho de que la aparición en los medios se produjese antes que la orden de detención, permitió al etarra abandonar su domicilio antes de ser detenido y al cierre de esta edición aún se encuentraba en paradero desconocido.
Previsiblemente también serán interrogados los cinco magistrados que integraban la Sala que vio el recurso de Plazaola junto al del también miembro de ETA Santiago Arróspide Sarasola, ‘Santi Potros’. Al respecto, Fernández Díaz advirtió que en el caso de Plazaola se estableció el dispositivo de vigilancia para detenerlo y ponerlo a disposición judicial cuando se recibió la orden judicial. “Antes hubiera sido ilegal por parte de la Guardia Civil o por parte de la Policía”, resaltó Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros del Interior de la UE.
“Lo que sucedió es que desde que se hizo pública esa decisión (de anular la excarcelación) hasta que se recibió el auto que ordenaba a las fuerzas de seguridad la detención de ese etarra pasaron en torno a cinco horas”, relató el ministro del Interior. De hecho, mientras los medios de comunicación de alcance nacional lo anunciaron a las 12.40 horas, el Supremo comunicó su decisión oficialmente a la Audiencia Nacional entre las tres y las cuatro de la tarde, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no recibieron orden de detenerle hasta las 17.30 horas.
Lesmes calificó el hecho como “lamentable y anómalo” y aseguró que tratarán de “identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la Justicia«, manifestó.
Aún así, una vez recibida la orden, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tuvieron que esperar a otros formalismos como la presencia del secretario judicial, con lo que no pudieron acceder al domicilio hasta las once y media de la noche. En total, más de diez horas.
Penas extranjeras
Fernández Díaz confía en que la UE no acabe anulando la interpretación de la justicia española sobre la norma europea sobre acumulación de las condenas cumplidas por presos en diferentes Estados miembros de la UE como ocurrió con la doctrina Parot.
“Yo no sólo no cuestiono sino que respeto plenamente las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Confío en que no se reproduzca lo que se produjo con la derogación de la doctrina Parot. No es un referente, no es un modelo”, insistió.
“No tengo la menor duda de que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ajustado a derecho y, si hay un sistema especialmente garantista en la UE, es el Estado español”, apuntó el ministro.
