El IX Informe Foessa ha realizado una descarnada fotografía de la sociedad española concluyendo que la estructura de clases tradicional se ha fragmentado radicalmente con una erosión significativa de las clases medias y la proliferación de múltiples identidades que dificultan la construcción de proyectos comunes y solidaridades colectivas.
España ha experimentado simultáneamente una transformación demográfica histórica, de manera que se ha convertido en uno de los principales receptores de inmigración, mientras se encuentra ante una crisis de fecundidad, acompañada de una precariedad laboral y crisis habitacional. La precariedad laboral se ha normalizado, afectando a casi la mitad de la población activa, mientras que el modelo de desarrollo genera situaciones contradictorias, como viviendas vacías junto con graves problemas de acceso a la vivienda. Una sociedad que experimenta malestares estructurales profundos, que reflejan unos patrones persistentes de desigualdad.
La precariedad laboral emerge como fenómeno sistemático, unida a una desigualdad salarial estructural. España mantiene en definitiva unos niveles de desigualdad significativamente superiores a la media europea, evidenciando que el crecimiento económico no reduce aquella desigualdad, al propio tiempo que ha surgido la polarización del empleo. La pobreza se ha vuelto crónica, golpeando con especial dureza a la infancia y, paradójicamente, extendiéndose a sectores de las clases medias trabajadoras que experimentan una privación material creciente a pesar del crecimiento económico.
La concentración de riqueza se intensifica, con una pequeña fracción de la población acumulando una proporción creciente del patrimonio total mientras amplios sectores no pueden ahorrar, siendo la vivienda el principal motor de esta polarización patrimonial.
La inestabilidad de los ingresos impide la proyección vital de millones de hogares, especialmente los más vulnerables, convirtiendo a España en un caso de fragilidad económica en el contexto europeo. El origen familiar sigue siendo determinante, lo que demuestra que la movilidad social continúa condicionada por el capital económico, cultural y social heredado.
Las diferencias territoriales se mantienen, configurando un mapa persistente de desigualdad regional. Cada crisis: 2008 – 2020, ensancha la fractura social y las recuperaciones posteriores no logran cerrarla, dejando un peso acumulativo de vulnerabilidad.
Así, la exclusión severa se mantiene significativamente por encima de los niveles previos a la crisis, afectando a millones de personas adicionales respecto del inicio de la citada serie histórica. El mercado laboral ha perdido la capacidad tradicional de proteger, convertido en un espacio de polarización donde los empleos de alta cualificación coexisten con trabajos precarios. El trabajo a tiempo parcial, la inestabilidad contractual y los bajos salarios impiden construir proyectos de vida sostenibles, hasta el punto de que una proporción significativa de trabajadores ocupados vive en situación de exclusión social, demostrando que el empleo ha dejado de ser signo de garantía de integración. Resulta necesario la modificación de los dispositivos públicos de inserción, y una inversión verdadera en orientación laboral, formación y coordinación intersectorial.
Por otra parte, la vivienda emerge como un elemento determinante de desigualdad. El mercado del alquiler se ha consolidado como principal vía hacia la exclusión residencial debido a la subida de los precios, combinada con la escasez de vivienda pública social. La crisis habitacional refleja una deriva estructural del problema sobre todo para los jóvenes y las clases menos favorecidas.
En este orden de cosas, la educación obligatoria ya no protege contra la exclusión social, este cortafuegos contra la pobreza se ha trasladado a niveles postobligatorios de formación, multiplicando significativamente el riesgo de exclusión severa para quienes no completan estos estudios.
La respuesta es el apoyo a las políticas sociales del Estado del Bienestar y al tercer sector, la infraestructura social que de forma invisible apoya a los más desfavorecidos. Cuando la sostenibilidad de ese modelo se ve amenazada por un clima de polarización ideológica que se plasma en agendas partidistas que debilitan el consenso social necesario para su financiación adecuada.
El modelo sanitario está tensionado y el modelo de cuidados afronta el reto histórico de transitar desde el ámbito privado a una responsabilidad comunitaria en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, con una financiación que resulta insuficiente en comparación con la media europea. En ese sentido, el sistema de pensiones requiere una serie de ajustes técnicos, fundamentados en un pacto intergeneracional sólido y duradero, basado en recursos suficientes y legitimidad social renovada. El ingreso mínimo vital constituye un avance pero que no abarca la eliminación de múltiples barreras estructurales. La integración de la población migrante y la reforma fiscal pendiente deben coadyuvar hacia un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la población.
La pérdida de legitimidad que atraviesan las instituciones españolas y su impacto corrosivo en la cohesión social es relevante, poniendo en peligro el Estado de Bienestar. Así, amplios sectores de la ciudadanía perciben que la democracia ha perdido eficacia y capacidad de respuesta, alimentando una desafección progresiva que erosiona el compromiso cívico y la participación política activa. La corrupción sostenida y persistente, la incapacidad manifiesta para resolver problemas estructurales como la eliminación del desempleo, el acceso a la vivienda, la corrección de la desigualdad, han generado un sentimiento creciente de no ser escuchados por parte de las instituciones lo que refuerza una desconfianza institucional profunda. La participación asociativa y comunitaria disminuye, mientras que la pobreza agrava dramáticamente el aislamiento social, rompiendo vínculos de apoyo y debilitando la solidaridad. La juventud española vive así un profundo pesimismo ante su futuro marcado estructuralmente por la precariedad laboral endémica, las dificultades insuperables de acceso a la vivienda y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en el momento de la jubilación.
Resulta necesario en resumen elaborar un nuevo pacto social sobre nuevas bases, mediante unas políticas que luchen contra la desigualdad creciente que refleja cómo la integración social depende más de la posición de partida del individuo que del mérito personal. Frente al debilitamiento individualista de lo comunitario es necesario profundizar genuinamente en la democracia, fomentando la participación ciudadana y arbitrando los mecanismos adecuados de control de los poderes públicos.
Los sucesivos gobiernos de Sánchez en estos últimos ocho años no han propugnado realmente la cohesión social y territorial de nuestro país, la realidad es que ha aumentado la desigualdad social en ese período y la polarización en todos los ámbitos, los datos del Informe Foessa así lo acreditan.
En los nueve primeros meses de 2025, los Bancos obtuvieron unos beneficios de 25.416 millones de euros con un incremento del 7,4% respecto del año anterior, mientras que los beneficios de las tres mayores eléctricas sumaron 11.000 millones de euros este año, datos que acreditan aquella polarización si comparamos estos beneficios con los obtenidos pequeñas empresas y los autónomos.
