El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha iniciado el procedimiento de revocación parcial de la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), según el proyecto presentado el pasado 27 de abril. Industria acuerda incoar «por razones de oportunidad» el procedimiento de revocación parcial de la Orden de cierre de la planta burgalesa emitida el 3 de julio de 2009 que establecía que la central debería cesar sus operaciones el 6 de julio de 2013, según informa la agencia de noticias Europa Press.
El proyecto acuerda notificar la orden a los interesados para que presenten alegaciones en el plazo de diez días. Industria fija también que el plazo máximo de resolución será de tres meses desde el 27 de abril y que el titular de Garoña, Nuclenor, dispondrá de plazo máximo hasta el 6 de septiembre de 2012 para presentar una solicitud de renovación de licencia de operación por un nuevo periodo «no superior a seis años».
Es decir, Industria amplia la actividad de Garoña hasta 2019, tal y como dictaminó el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, por unanimidad, se mostró favorable a que la planta operara diez años más. Entonces, el Gobierno decidió dar a Garoña cuatro años más y establecer su cierre en 2013.
El documento argumenta que «en las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que España es uno de los Estados miembro de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles».
Por ello, estima que mientras las centrales que actualmente están en funcionamiento en España cumplan con todos los requisitos en materia de seguridad impuestos por el CSN, «deben seguir contribuyendo a la seguridad de suministro energético español, a la optimización de los costes energéticos y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero».
Por estas «razones de oportunidad», Industria considera «desfavorable» que el anterior gobierno ampliara la licencia de Garoña «solo» hasta 2013, lo que define como un «acto administrativo, toda vez que carece de naturaleza normativa» y añade que «debe ser revisado».
El pasado mes de febrero el organismo regulador español remitió un informe al Ministerio en el que concluía que no había «impedimento alguno» por razones de seguridad nuclear o protección radiológica para revocar la orden de cierre de Garoña de 2009, siempre i cuando se modificaran una serie de límites y condiciones.
Posteriormente, con fecha de 6 de marzo y a petición de Industria, el CSN remitió un informe complementario para «precisar alguno de los extremos contenidos en su informe anterior».
La Junta tilda de “magnífica noticia”. “Es una magnífica noticia para Castilla y León, para Burgos y para las mil familias”, afirmó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno .
De Santiago-Juárez recordó que la Junta siempre se opuso al cierre de la nuclear si contaba con informes favorables para seguir operativa por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por lo que acogió de manera positiva que el ministro José Manuel Soria haya iniciado ya el trámite para revocar la normativa del anterior Gobierno socialista.
