El consejero de Industria, Comercio, Mariano Veganzones, anunció hoy recortes por más de 20 millones en las partidas que reciben los sindicatos y la patronal en el Diálogo Social, en el Serla, prevención, orientación y representación. El consejero advirtió que no consentirá que los sindicatos del Diálogo Social “coarten” las decisiones bajo amenazas de ruptura de la paz social, ni se van a someter al “chantaje constante de la financiación de las organizaciones sindicales más representativas”, ni van a permitir que les impongan “con quién podemos dialogar”.
El Diálogo Social, dijo, “no está por encima de la soberanía popular” y “este Gobierno es digno y legítimo representante de la mayoría social de Castilla y León”, dijo, para resumir que el proceso de concertación “no debe ser un fin en si mismo, sino en la medida en la que la sociedad civil participa en la gobernanza”. “Olvidan estas organizaciones cuál es su finalidad constitucional y abandonan los intereses de los trabajadores para pasar a representarse a si mismos”, aseguró. “Los agentes sociales deben dejar de vivir en matrix, en una realidad paralela”, dijo.
Veganzones anunció una reducción a la mitad de la partida par representación institucional de estas organizaciones, hasta 1,97 millones de euros. Asimismo, en materia de orientación laboral, dejó claro que “no vamos a dejar” este servicio “en manos de los sindicatos” y expuso que “han reorientado 12 millones” que se destinaban al programa PROA que gestionaban las centrales y la patronal, y se dirigirán a formación con compromiso de contratación. “No vamos a gastar 12 millones en programas de escasa o nula eficacia”. Además, en materia de prevención de riesgos laborales, anunció que han reorientado un total de seis millones de euros que se otorgaban en concepto de subvenciones a sindicatos, en detrimento de los verdaderos programas de prevención y relaciones laborales”, dijo, en referencia, entre otras, a la eliminación a las visitas a empresas “carísimas y sin ninguna eficacia”.
En cuanto al Serla, recalcó que este servicio también lo presta la Administración, procede de un acuerdo externo, sin que sus miembros aporten recursos, por lo que sentenció que “actualmente ese acuerdo ya no tiene vigencia, por lo que no existe obligación de la administración para financiar este servicio”. Criticó que cuesta casi un millón de euros, cuando las oficinas de Trabajo pueden asumir su trabajo de forma gratuita, y además, “no se ajusta a su presupuesto” y está generando déficit, dijo, que cifró en 76.286 euros. “Los servicios públicos son más eficaces y eficientes”, resumió.
Empleo
En materia de empleo, el consejero denunció que la reforma laboral “no ha hecho otra cosa que un cambio de nombres en los sistemas de contratación laboral” y “ha contribuido a generar empleo fijo precario”. Una política “desacertada” que se repite, dijo, con la ley de incentivos a la contratación, que invade competencias de los gobiernos regionales, y ataca al empleo de los discapacitados.
El ECyL dispondrá de 313,8 millones de euros, que crece en 75,8 millones de euros, de los 250 millones de euros irán a políticas activas. Precisó que en las ayudas de fomento del empleo, habrá apoyos de entre 1.500 y 11.500 euros para contratación de desempleados, y anunció apoyos específicos para aquellos despedidos en procesos de deslocalización. Asimismo, remarcó que gastarán 15,3 millones a formación de parados.
En cuanto al fomento del empleo por cuenta propia, las ayudas podrán llegar hasta los 12.500 euros, con una cuantía global de 10,5 millones. En materia de empleo jóvenes, 1,7 millones irán para el programa primera experiencia profesional, y dos para el ‘investigo’. Aseveró que en empleo local y social invertirán 97,25 millones de euros.
